El día que la Corte decidió dejar solas a las víctimas, escribe Melissa Ayala

El texto de Melissa Ayala, publicado el 30 de Noviembre del 2025, analiza la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de no declarar inconstitucional la eliminación del piso mínimo presupuestal para la atención y reparación integral de las víctimas. La autora argumenta que esta decisión representa un grave retroceso en la protección de los derechos humanos.

La decisión de la Suprema Corte ignora el principio de progresividad de los derechos humanos, consagrado en el artículo 1º constitucional.

📝 Puntos clave

• Eliminación del piso mínimo presupuestal para víctimas.
• Retroceso al principio de progresividad de los derechos humanos.

• Publicidad
• Mayor discrecionalidad y menor certeza en la atención a víctimas.
• Contradicción con estándares internacionales y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

🤖 Análisis con Bots

Dice IA en modo bot pesimista:

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es profundamente negativa porque debilita la protección de los derechos de las víctimas al eliminar una garantía presupuestal mínima. Esto abre la puerta a la arbitrariedad y a la reducción de recursos esenciales para la reparación integral, como peritajes, apoyo psicológico y médico, y medidas de búsqueda. En un país con graves crisis de derechos humanos, como la desaparición forzada y la violencia de género, esta regresión significa que las víctimas serán nuevamente ignoradas y sus derechos sacrificados en nombre de la contención fiscal. La Corte ha fallado en su deber de proteger y avanzar en los derechos humanos, eligiendo el camino más bajo y perjudicial.

Dice IA en modo bot optimista:

Aunque la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el piso mínimo presupuestal para víctimas es preocupante, es importante recordar que la ley general de víctimas y la jurisprudencia internacional aún establecen la obligación del Estado de garantizar la reparación integral. La eliminación de un piso mínimo no anula la necesidad de estos recursos, sino que podría impulsar la búsqueda de mecanismos alternativos y una mayor presión social y política para asegurar la financiación adecuada. La discusión abierta por este fallo podría, paradójicamente, generar una mayor conciencia sobre la importancia de la protección de las víctimas y la necesidad de un compromiso estatal firme y sostenido en su atención y reparación.