No es posible suspender una elección constitucional

El texto de Felipe De La Mata Pizaña del 28 de octubre de 2024 analiza la situación legal que se generó tras la entrada en vigor del decreto que reforma la Constitución para la elección de ministros de la SCJN, magistrados del TEPJF, del TDJ, de los TCC y de los JD en 2025.

Resumen

• El decreto confiere al INE la responsabilidad de organizar la elección, pero diversas sentencias de amparo emitidas por juzgados de distrito podrían impedir su celebración.
• Ante esta situación, el INE solicitó al TEPJF una acción declarativa para determinar la viabilidad constitucional de suspender el proceso electoral.

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• El TEPJF, en el asunto SUP-AG-209/2024, determinó que no le correspondía analizar las sentencias de amparo, pero sí la solicitud del INE.
• El TEPJF concluyó que suspender los actos relacionados con el proceso electoral es constitucionalmente inviable, basándose en:
  • El artículo 41 de la Constitución, que establece que los medios de impugnación no producen efectos suspensivos en materia electoral.
  • La reserva de la materia electoral al TEPJF, lo que impide que sentencias de amparo detengan el desarrollo del proceso electoral.
  • El artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece su improcedencia en controversias electorales.
• La sentencia declarativa del TEPJF garantiza la autonomía del INE y el cumplimiento de sus facultades, además de respetar los derechos político-electorales de la ciudadanía.
• La sentencia genera certeza en el proceso electoral en curso.
• Felipe De La Mata Pizaña reconoce que personalmente considera la elección de jueces por la vía democrática una mala idea, pero destaca que su opinión no influye en sus decisiones.
• Afirma que lo ético y correcto es cumplir con la Constitución.

Conclusión

El texto de Felipe De La Mata Pizaña explica la decisión del TEPJF de declarar constitucionalmente inviable la suspensión del proceso electoral para la elección de jueces, magistrados y ministros. La decisión se basa en la interpretación de la Constitución y la ley, y busca garantizar la autonomía del INE y el derecho de la ciudadanía a votar.