Irrumpe la Ley de Amparo para proteger al Estado

El siguiente resumen se basa en el texto escrito por Alejo Sanchez Cano el 2 de Octubre de 2025, el cual critica la inminente aprobación de una nueva Ley de Amparo en México, argumentando que favorece al Estado sobre los ciudadanos y restringe el acceso a la justicia. El autor expone cómo, a pesar de las audiencias públicas y las opiniones de expertos, la ley parece estar predeterminada y diseñada para facilitar acciones gubernamentales, incluso expropiaciones, sin la debida protección legal para los afectados.

La nueva Ley de Amparo tendría efectos retroactivos, violando el orden constitucional vigente.

📝 Puntos clave

• El Congreso se prepara para aprobar una nueva Ley de Amparo sin modificaciones, a pesar de las opiniones de expertos.
• Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, es acusado de simular un debate amplio sobre la ley.

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• La nueva ley permitiría expropiaciones por "utilidad pública" sin posibilidad de amparo, como en el caso de terrenos expropiados a familiares de Alejandro Moreno en Campeche por el gobierno de Layda Sansores.
• Expertos como Alejandro Gutiérrez Muñoz, Lidia Monsalvo Álvarez, Ligia Claudia González Lozano, Cristina Vizcaíno Díaz, Natalia Téllez Torres Orozco, María Emilia Molina de la Puente y Arturo Gregorio Peña Oropeza señalan que la ley limita derechos, restringe la protección de derechos humanos y afecta a minorías.
• La ley podría tener efectos retroactivos, violando la Constitución.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es el aspecto más negativo que se desprende del texto?

La principal crítica es que la nueva Ley de Amparo, tal como se plantea, representa un retroceso en la protección de los derechos ciudadanos, favoreciendo al Estado y permitiendo acciones arbitrarias como expropiaciones sin el debido proceso legal. Además, la posibilidad de aplicación retroactiva viola principios constitucionales fundamentales.

¿Existe algún aspecto positivo que se pueda rescatar del texto?

El texto destaca la participación de diversos expertos y organizaciones, como Alejandro Gutiérrez Muñoz, Lidia Monsalvo Álvarez, Ligia Claudia González Lozano, Cristina Vizcaíno Díaz, Natalia Téllez Torres Orozco, María Emilia Molina de la Puente y Arturo Gregorio Peña Oropeza, que expresaron sus preocupaciones y propuestas durante las audiencias públicas. Esto demuestra un esfuerzo por parte de la sociedad civil para influir en el proceso legislativo, aunque sus opiniones parecen haber sido ignoradas.