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Este texto de Eduardo Ruiz-Healy, publicado el 6 de enero de 2025, analiza críticamente un decreto de reforma al Artículo 19 de la Constitución de México, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que amplía la prisión preventiva oficiosa a 24 delitos. El autor argumenta que esta medida es contraproducente y perjudica el sistema de justicia.

Dato importante: La reforma incluye delitos que no representan una amenaza inmediata a la seguridad pública, diluyendo recursos destinados a combatir crímenes más graves.

Resumen

• El decreto, emitido el 31 de diciembre de 2024, extiende la prisión preventiva oficiosa a 24 delitos, incluyendo algunos que no justifican el encarcelamiento sin juicio previo.
• 17 delitos afectan directamente a la sociedad o la integridad física, mientras que 7 son considerados administrativos o económicos.
• La reforma reduce la autonomía judicial, obligando a los jueces a imponer prisión preventiva sin un análisis exhaustivo de la necesidad.
• La medida agrava la saturación del sistema penitenciario de México, donde casi 90,000 personas (37%) no tienen sentencia.
• No hay evidencia de que la prisión preventiva oficiosa reduzca la delincuencia; al contrario, puede usarse arbitrariamente contra sectores vulnerables.
• El autor sugiere que la reforma responde a intereses políticos, en lugar de un diagnóstico realista de seguridad.

Conclusión

• La reforma al Artículo 19 es una medida preocupante que debilita el sistema de justicia penal de México.
• Priorizar medidas cautelares alternativas para delitos menores es crucial para un sistema de justicia más justo y efectivo.
• Se necesita un replanteamiento del enfoque para garantizar procesos justos sin dejar de proteger a la sociedad.
• La reforma perpetúa desigualdades y abusos, lejos de fortalecer el Estado de derecho.