Este texto de Alejo Sánchez Cano, escrito el 29 de enero de 2025, analiza las complicaciones y controversias en el proceso de elección de jueces en México, destacando la baja participación ciudadana, la falta de transparencia y la influencia política en el proceso.
El 80% de abstencionismo en las elecciones judiciales compromete la legitimidad del proceso.
Resumen:
Se prevé un alto nivel de abstencionismo, superior al 80%, en las elecciones judiciales.
Los candidatos a jueces presentan, en su mayoría, una dudosa reputación, inexperiencia y vínculos con la 4T, lo que genera preocupación sobre su autonomía e independencia.
La complejidad del proceso electoral dificulta que los votantes emitan un voto informado.
El INE carece de recursos presupuestales y logísticos para instalar todas las casillas necesarias.
El proceso de elección directa de juzgadores ha requerido una reestructuración jurídica significativa, incluyendo la creación de mayorías calificadas artificiales en el Congreso de la Unión.
La intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fue necesaria para evitar que la lista de candidatos del Poder Judicial se estancara debido a medidas cautelares.
El TEPJF ordenó al Senado realizar una tómbola para seleccionar a los candidatos finales, lo que generó múltiples interpretaciones y controversias.
Tras la orden del TEPJF, los cinco integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial renunciaron.
La controversia entre los magistrados oficialistas y la presidenta de la Corte, Norma Piña, llegó a un punto álgido con una medida cautelar emitida por la ministra.
El Senado, específicamente el PAN, MC y PRI, se opusieron al proceso de insaculación, calificándolo de inconstitucional.
El TEPJF justificó su intervención argumentando la falta de cumplimiento de la sentencia principal por parte del Comité de Evaluación.
El TEPJF decidió no sancionar a los miembros del Comité de Evaluación debido a la medida cautelar otorgada por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Para garantizar la continuidad del proceso, el TEPJF propuso que el Senado continúe con la insaculación de candidatos.
Los candidatos insaculados serán sometidos al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de no ser aprobados antes del 4 de febrero, serán enviados al Instituto Nacional Electoral (INE).
La magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso propuso la intervención del Senado en el proyecto del incidente de cumplimiento de sentencia del juicio de la ciudadanía 8/2025 y acumulados.
Conclusión:
El proceso de elección de jueces en México está plagado de irregularidades y controversias que comprometen su legitimidad y transparencia.
La alta abstención electoral, la falta de idoneidad de algunos candidatos y la influencia política generan dudas sobre la imparcialidad del sistema judicial.
La intervención del TEPJF, aunque busca garantizar la continuidad del proceso, genera cuestionamientos sobre la división de poderes y el respeto al estado de derecho.
La situación actual pone en riesgo la confianza ciudadana en el sistema judicial y la estabilidad institucional del país.
