La verdadera cruzada contra el huachicol

El texto de Mario Maldonado, fechado el 8 de Septiembre del 2025, aborda la persistencia del huachicol en México, a pesar de los esfuerzos gubernamentales declarados. El artículo expone las modalidades del robo de combustible, las pérdidas económicas que genera, los casos de corrupción involucrados y las medidas que se están implementando para combatir este delito. Además, incluye dos posdatas sobre temas relacionados con la política y la regulación en México.

El huachicol fiscal genera pérdidas de más de 177 mil millones de pesos al año.

📝 Puntos clave

• El huachicol, tanto el robo directo como el fiscal, sigue siendo un problema grave en México, generando pérdidas millonarias.
• Se han descubierto redes de corrupción en aduanas y la Marina, facilitando el contrabando de combustible.

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• El gobierno de Claudia Sheinbaum está implementando medidas más estrictas para combatir el huachicol fiscal, incluyendo reformas aduaneras y el uso de tecnología para rastrear el combustible.
• Estados Unidos también está investigando y deteniendo a empresarios involucrados en el contrabando de combustible desde México.
• La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT), que sustituirá al IFT, ya tiene un organigrama filtrado con nombres como el de Javier Corral.
• Gobernadores de oposición como Esteban Villegas y Samuel García han mostrado acercamiento con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es el aspecto más preocupante del texto?

La persistencia de la corrupción en las instituciones, como la Marina y las aduanas, que facilita el huachicol y socava los esfuerzos por combatirlo. El asesinato del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Laguna es un ejemplo alarmante de las consecuencias de denunciar estas redes.

¿Qué aspecto del texto ofrece esperanza?

El renovado compromiso del gobierno de Claudia Sheinbaum para combatir el huachicol, impulsado por la necesidad de aumentar los ingresos fiscales y la presión de Estados Unidos. Las reformas legales, las incautaciones y los procesos judiciales en curso sugieren que hay una voluntad real de abordar el problema.