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El texto analiza las reformas a la Ley de Vivienda de la Ciudad de México, impulsadas por el gobierno de Martí Batres y la presidenta electa Sheinbaum, que buscan regular el mercado de alquileres y facilitar el acceso a la vivienda para personas en situación de pobreza, jóvenes, madres jefas de familia y trabajadores.

Resumen

• Las reformas buscan redistribuir el ingreso a través de una política de rentas a bajo costo, frenar el aumento excesivo de las rentas entre particulares, evitar abusos a los arrendatarios y combatir la gentrificación.
• El gobierno de la Ciudad de México implementará un registro digital de contratos de arrendamiento, con un plazo máximo de 30 días para su registro.
• El secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), Inti Muñoz Santini, argumenta que las reformas buscan corregir el aumento significativo de las rentas que se observó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, que convirtió la vivienda en un negocio y no en un derecho humano.
• El texto advierte que la intervención estatal en el mercado de alquileres puede generar distorsiones y efectos no deseados, como la desconfianza de los propietarios, la reducción de la oferta de viviendas en renta y la generación de tensiones entre arrendadores e inquilinos.
• Se menciona el consenso entre economistas, incluyendo al economista crítico del libre mercado Gunnar Myrdal, sobre los efectos negativos del control de alquileres.
• El texto concluye que las medidas pensadas para la justicia social no necesariamente resuelven la crisis de acceso al sector inmobiliario y que es necesario un análisis serio de las consecuencias de la intervención estatal en el mercado de alquileres.