Análisis de Columna de Opinión TEPJF: presidencia espuria en Excélsior

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El texto del Columnista Invitado Nacional del 4 de Septiembre de 2025 argumenta que la presidencia de la Sala Superior (SS) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ejercida por la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, viola la Constitución. El autor sostiene que, según las reformas constitucionales y los decretos transitorios, el magistrado Gilberto de Guzmán Bátiz García debería ser el presidente desde el 1 de septiembre de 2025.

La violación constitucional se atribuye a una decisión de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y a maniobras internas dentro del TEPJF.

📝 Puntos clave

La magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso está ejerciendo la presidencia de la SS del TEPJF de manera inconstitucional.
Según el autor, el magistrado Gilberto de Guzmán Bátiz García debería ser el presidente desde el 1 de septiembre de 2025, conforme a la Constitución y los decretos transitorios.
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La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores es señalada por tomar una decisión que contraviene las normas constitucionales.
Se menciona un "asalto" previo por parte de tres magistrados para destituir al anterior presidente de la SS.
Se acusa a Mónica Soto de cabildear para obtener una "interpretación auténtica" que le permitiera prolongar su mandato.
El autor critica la "sesión solemne" del 2 de septiembre donde se consumó la violación constitucional.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es el aspecto más negativo que se desprende del texto?

La persistencia de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso en la presidencia de la SS del TEPJF, a pesar de las supuestas violaciones constitucionales y los cabildeos para mantenerse en el cargo, socava la legitimidad y la confianza en el sistema electoral.

¿Qué aspecto positivo, si lo hay, se puede rescatar del texto?

La denuncia pública de las presuntas irregularidades en la elección y el ejercicio de la presidencia del TEPJF puede generar un debate necesario sobre la transparencia y el cumplimiento de la ley en las instituciones electorales.