Reforma a la Ley de Amparo: el orden público y el interés social

El texto escrito por Antonio Cuellar el 30 de Septiembre del 2025 analiza una propuesta de reforma a la Ley de Amparo en México, criticando la intromisión del legislador en la función judicial. El autor argumenta que la reforma, al negar la suspensión en ciertos casos, vulnera la tutela judicial efectiva y debilita el estado de derecho.

Un dato importante del resumen es que la reforma propuesta a la Ley de Amparo podría implicar un retroceso en el acceso a la justicia y la protección de los derechos de los ciudadanos en México.

📝 Puntos clave

• La justicia eficaz se mide por su prontitud, y una justicia tardía es una justicia negada.
• La reforma a la Ley de Amparo busca negar la suspensión en casos de revocación o anulación de permisos, autorizaciones o concesiones.

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• Esta medida afectaría sectores estratégicos como telecomunicaciones y actividades cotidianas como restaurantes y peluquerías.
• La suspensión en amparo permite al juez revisar la legalidad de las decisiones administrativas y evitar abusos de autoridad.
• La reforma desplaza la función jurisdiccional, sustituyendo el análisis judicial caso por caso por una regla legislativa absoluta.
• De aprobarse, la reforma implicaría un retroceso en el estado de derecho y vulneraría el acceso a una tutela judicial efectiva.
• La reforma consolidaría la arbitrariedad administrativa y dejaría en estado de indefensión a muchos ciudadanos.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es el aspecto más negativo de la reforma propuesta a la Ley de Amparo según el autor?

La reforma, al negar la suspensión en casos de revocación o anulación de permisos, autorizaciones o concesiones, vulnera la tutela judicial efectiva y debilita el estado de derecho, dejando a los ciudadanos en estado de indefensión frente a la autoridad.

¿Qué aspecto positivo podría haber tenido la reforma, aunque el autor no lo mencione directamente?

Si bien el autor no lo menciona, una posible justificación para la reforma podría ser la intención de agilizar los procesos judiciales y evitar que la suspensión se utilice de manera abusiva para obstaculizar el cumplimiento de la ley o el interés público. Sin embargo, el autor argumenta que la reforma, tal como está planteada, es desproporcionada y perjudicial para la protección de los derechos de los ciudadanos.