Nueva Régimen Antilavado: Un Avance Significativo

Este texto, escrito por Daniel Cabeza De Vaca Hernandez el 24 de julio de 2025, analiza la reciente reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y el Código Penal Federal en México, destacando tanto sus avances como sus limitaciones en la lucha contra la delincuencia financiera.

La reforma busca alinear a México con los estándares globales del GAFI, pero enfrenta desafíos estructurales.

📝 Puntos clave

• La reforma a la LFPIORPI y el Código Penal Federal fue publicada el 16 de julio de 2025.
• Se busca cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

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• Se obliga a identificar al beneficiario controlador de entidades jurídicas.
• Se amplía el catálogo de actividades vulnerables, incluyendo desarrollos inmobiliarios y comercialización de activos virtuales.
• Se regula a las Personas Políticamente Expuestas (PEP) y se fortalece el poder de la UIF.
• Se mantiene la querella de la Secretaría de Hacienda como requisito para que la Fiscalía inicie una investigación penal.
• No se regulan los intercambios descentralizados (DEX), los brokers internacionales ni los ecosistemas de Finanzas Descentralizadas (DeFi).
• Se reduce el umbral para reportar operaciones con criptoactivos y se adopta la "regla de viaje".
• Se incluyen a fedatarios públicos y desarrolladores inmobiliarios como sujetos obligados.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es la principal limitación que persiste en la reforma, según el autor?

La principal limitación es que la ley mantiene la querella de la Secretaría de Hacienda como requisito para que la Fiscalía inicie una investigación penal, lo que compromete la autonomía de la Fiscalía y la separación entre prevención y persecución del delito.

¿Cuál es el avance más significativo que destaca el autor en la reforma?

El avance más significativo es la obligación de identificar al beneficiario controlador, una medida que busca desvelar a la persona física que en última instancia posee o controla a una entidad jurídica, cumpliendo así con la Recomendación 24 del GAFI.