Borrón y cuenta nueva

El texto de Miguel Ángel Vargas, fechado el 11 de Julio del 2025, denuncia una práctica común entre los nuevos alcaldes en Monterrey: desconocer las deudas contraídas por las administraciones anteriores con proveedores. Esta estrategia de "borrón y cuenta nueva" afecta a numerosas empresas que prestaron servicios o suministraron materiales, generando molestia e incertidumbre.

La estrategia de "borrón y cuenta nueva" de los alcaldes afecta a cientos de empresas en Monterrey.

📝 Puntos clave

• Los alcaldes que asumieron el cargo el 1 de octubre del año pasado están implementando una política de "borrón y cuenta nueva" con los proveedores heredados.
• Las empresas afectadas denuncian que sus facturas desaparecen del sistema, impidiendo el cobro de sus servicios.

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• Esta situación afecta a negocios de todos los tamaños que trabajaron con la promesa de pago antes del cambio de administración.
• En municipios como Pesquería, el alcalde Francisco Esquivel Garza y la tesorera Irma Lorena Martínez niegan las deudas a proveedores no contratados por su administración.
• En Allende, el alcalde Eduardo Leal y el responsable de finanzas Alejandro Tamez aplican tácticas similares para evadir el pago a proveedores.
• Los afectados buscarán negociar o protestar públicamente si no se reconocen sus deudas, aunque también recurrirán a los tribunales administrativos.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es el aspecto más negativo que se desprende del texto?

La falta de ética y responsabilidad de los nuevos alcaldes al desconocer las deudas legítimas contraídas por las administraciones anteriores. Esto genera desconfianza en el gobierno municipal, afecta la economía local y perjudica a las empresas que confiaron en el cumplimiento de los compromisos.

¿Existe algún aspecto positivo o alguna posible solución que se vislumbre en el texto?

La posibilidad de que los proveedores afectados recurran a los tribunales administrativos o a la presión pública para exigir el pago de sus deudas. Esto podría generar un precedente legal y obligar a los alcaldes a asumir su responsabilidad financiera, además de transparentar las finanzas municipales.