¿Justicia o popularidad?

El texto de Rodrigo Perezalonso, fechado el 5 de junio de 2025, analiza las implicaciones de la reciente reforma en México que establece la elección popular de jueces, incluyendo a los de la Suprema Corte. El autor argumenta que esta medida, lejos de democratizar la justicia, la politiza y compromete su imparcialidad, generando incertidumbre jurídica y afectando la confianza de inversores y socios comerciales.

La reforma judicial en México representa una amenaza para la neutralidad judicial y el Estado de Derecho.

📝 Puntos clave

• La reforma judicial en México, implementada el 1 de junio de 2025, establece la elección popular de jueces, incluyendo a los de la Suprema Corte.
• Rodrigo Perezalonso argumenta que esta medida politiza la justicia, comprometiendo su imparcialidad y transformando la función judicial en una competencia electoral.

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• La reforma fue implementada a pesar de las advertencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ONU y otras voces internacionales.
• La elección de jueces fue caótica, marcada por la confusión y la desinformación.
• Jueces en funciones fueron removidos antes de concluir sus periodos, afectando la estabilidad y la experiencia técnica.
• La American Society pospuso una inversión en México debido a la falta de certeza jurídica.
• La reforma podría vulnerar compromisos adquiridos en tratados como el T-MEC.
• El autor concluye que la elección popular de jueces no garantiza independencia ni mejora la justicia, sino que garantiza su politización.

❓ Conclusión: Lo malo y lo bueno

👎🏼 ¿Cuál es el principal riesgo que Rodrigo Perezalonso identifica en la reforma judicial en México?

El principal riesgo es la politización de la justicia, donde los jueces se ven obligados a buscar votos en lugar de aplicar la ley de manera imparcial, comprometiendo la independencia del Poder Judicial y el Estado de Derecho.

👍🏼 ¿Existe algún aspecto positivo que Rodrigo Perezalonso reconozca en la necesidad de reformar el sistema judicial en México?

Rodrigo Perezalonso reconoce la necesidad de combatir la corrupción judicial, pero argumenta que la elección popular de jueces no es la solución adecuada, ya que el remedio es más destructivo que el mal.