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El texto de Marco A. Mares, fechado el 5 de junio de 2025, analiza la problemática del precio controlado del gas LP en México y su potencial impacto social. El autor advierte sobre la posible ebullición social debido a la inconformidad de los distribuidores ante la falta de rentabilidad por el "precio tope" gubernamental.

El 9 de cada 10 hogares mexicanos consumen gas LP.

📝 Puntos clave

• Los distribuidores de gas LP en México están al borde de un paro de labores debido a la falta de rentabilidad con el "precio tope" impuesto por el gobierno.
• El paro fue frenado temporalmente a la espera de una respuesta del gobierno, pero la amenaza persiste.
• El 80% del gas LP consumido en México se importa de Estados Unidos.

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• El control de precios del gas LP se implementó desde 2021 durante el gobierno de Andrés Manuel López, pero las condiciones cambiaron con el gobierno de Claudia Sheinbaum, generando pérdidas a los distribuidores.
• Las empresas han despedido entre 600 y 1000 empleados debido a las pérdidas económicas.
• Rocío Robles Serrano, presidenta ejecutiva de Amexgas, señala la división y desesperación en el gremio de distribuidores.
• Amexgas prioriza el diálogo, pero los distribuidores han comenzado a gestar la posibilidad de un paro.
• La Secretaría de Energía solicitó facturas a los distribuidores para evaluar la situación.
• El autor critica el control de precios y la operación de la Distribuidora de Gas del Bienestar, considerándola ineficiente y subsidiada.

❓ Conclusión: Lo malo y lo bueno

¿Qué es lo negativo 👎🏼 del texto?

La imposición de precios controlados en el mercado del gas LP, sin considerar las fluctuaciones del mercado internacional y las variaciones cambiarias, ha generado pérdidas económicas significativas para los distribuidores, lo que ha llevado a despidos y posible paro de labores. ¿Cómo afectará esta situación a los consumidores mexicanos y a la economía del país si no se encuentra una solución viable y justa para todas las partes involucradas?

¿Qué es lo positivo 👍🏼 del texto?

La disposición de los distribuidores, a través de Amexgas, de priorizar el diálogo con las autoridades y proporcionar la información solicitada por la Secretaría de Energía demuestra un compromiso por encontrar una solución negociada. ¿Podrá este esfuerzo conjunto conducir a un acuerdo que garantice la rentabilidad de los distribuidores y el acceso asequible al gas LP para los consumidores, evitando así una crisis social?