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El texto de Julieta Del Río, fechado el 2 de junio de 2025, analiza la reactivación de la propuesta para crear un padrón de telefonía móvil en México, destacando las preocupaciones sobre la seguridad de los datos personales y la posible vulneración de derechos fundamentales.

La principal preocupación radica en la vulnerabilidad de los datos biométricos y la falta de garantías sobre su protección.

📝 Puntos clave

• Se propone la creación de un padrón de telefonía móvil que recolectaría datos como CURP, INE, RFC, huellas digitales y geolocalización en tiempo real.
• El objetivo declarado es mejorar la seguridad y disminuir delitos como fraudes y extorsiones.
• Especialistas y usuarios expresan preocupación por la vulnerabilidad de la base de datos, que podría contener información de 144 millones de líneas telefónicas activas.
• El extinto INAI advirtió sobre los riesgos de crear bases de datos sin controles ni garantías claras.
• La recolección masiva de datos biométricos plantea serias preocupaciones sobre la privacidad y la vigilancia, con el riesgo de abusos de poder.
• No hay evidencia sólida de que un padrón de telefonía móvil reduzca significativamente los delitos.
• Se enfatiza la necesidad de equilibrar la seguridad con la protección de la privacidad y los derechos humanos.
• Se debe informar a los ciudadanos quién se hará cargo del resguardo de sus datos y bajo qué mecanismos.

❓ Conclusión: Lo malo y lo bueno

👎🏼 ¿Cuál es el principal riesgo que señala Julieta Del Río sobre la creación del padrón de telefonía móvil?

El principal riesgo es la vulnerabilidad de los datos biométricos y la falta de garantías sobre su protección, lo que podría exponer a millones de usuarios a robos de identidad, fraudes y otros delitos cibernéticos. Además, la recolección masiva de datos personales podría llevar a abusos de poder y a la creación de un estado de vigilancia intrusivo.

👍🏼 ¿Qué aspecto positivo, si lo hay, podría rescatarse de la propuesta según Julieta Del Río?

Si bien no se presenta un aspecto positivo directo, se reconoce la responsabilidad del gobierno de combatir la delincuencia. Sin embargo, se enfatiza que esta lucha debe realizarse de manera proporcional y respetuosa de los derechos fundamentales, buscando alternativas y poniendo a prueba mecanismos que garanticen la seguridad sin comprometer la privacidad y la libertad de los ciudadanos.