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El texto de Alberto Aguirre, fechado el 9 de abril de 2025, aborda una serie de reformas y nuevas leyes en México que impactan la transparencia, la protección de datos, la contratación pública y la digitalización de la administración pública. Se destacan cambios significativos en la estructura y funcionamiento de instituciones clave, así como la introducción de nuevas herramientas y procesos.

La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno asume las funciones del INAI.

Resumen

• Entran en vigor dos nuevas leyes: la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados.
• Las funciones del INAI se transfieren a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) y al órgano desconcentrado Transparencia del Pueblo.
• Las respuestas de la SABG podrán ser impugnadas mediante juicio de amparo, y el Poder Judicial de la Federación deberá crear juzgados especializados en un plazo de 120 días.
• Se suspenden por 180 días los plazos procesales de los juicios de amparo en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales hasta la creación de los nuevos órganos jurisdiccionales.
• La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, eliminando CompraNet y reemplazándola con una nueva plataforma administrada por la Secretaría Anticorrupción.
• La reforma exenta a las Fuerzas Armadas de los requisitos de transparencia en proyectos estratégicos como el Tren Maya.
• Se busca reducir la burocracia, agilizar trámites y digitalizar los servicios públicos, creando la Agencia de Transformación Digital y reemplazando la Ley General de Mejora Regulatoria con la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y Corrupción.
• El Senado aprobó una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para evitar la duplicidad de funciones entre la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
• El gobierno de México anunció modificaciones legales para evitar la liberación de cuentas financieras vinculadas a actividades delictivas, fortaleciendo la lucha contra el lavado de dinero.

Conclusión

• Las reformas buscan modernizar y digitalizar la administración pública, pero también generan controversia en cuanto a la transparencia y el control de la corrupción.
• La concentración de poder en la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y la exención de las Fuerzas Armadas de ciertos requisitos de transparencia son puntos críticos que podrían afectar la rendición de cuentas.
• La efectividad de estas medidas dependerá de su implementación y del funcionamiento de los nuevos órganos jurisdiccionales y plataformas digitales.