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El texto de Enrique Sumuano, Contralor Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fechado el 9 de Abril de 2025, aborda las complejidades del financiamiento y la comprobación de gastos en las elecciones judiciales, destacando las restricciones impuestas a los candidatos y candidatas en el uso de recursos.

El texto critica la obligatoriedad de contratar proveedores registrados en el INE, lo que podría encarecer los servicios y beneficiar a un grupo selecto.

Resumen

• En las elecciones judiciales, está prohibido el uso de recursos públicos o privados, limitando a los candidatos y candidatas a utilizar únicamente sus recursos personales.
• El Instituto Nacional Electoral (INE) ha establecido topes de gastos diferenciados según el órgano judicial al que se aspira, por ejemplo, para un Juzgado de Distrito es de $220,326.20, para Tribunales Colegiados de Circuito y de Apelación $413,111.63, para Salas Regionales en materia Electoral $881,304.80, para Sala Superior en materia Electoral, para el Tribunal de Disciplina Judicial y para la Suprema Corte de Justicia de la Nación $1,468,841.33.
• Las contrataciones de servicios o adquisiciones que superen el 30% del tope de gastos personales deben realizarse con proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores del INE.
• Aunque los gastos se financian con recursos personales, la obligación de contratar proveedores registrados en el INE podría resultar en costos más elevados.
• El autor sugiere una mayor flexibilidad en la elección de proveedores, argumentando que podría beneficiar a la sociedad en general.

Conclusión

• El artículo plantea una reflexión sobre la necesidad de revisar las regulaciones de financiamiento en las elecciones judiciales.
• Se cuestiona si la restricción de contratar proveedores registrados en el INE es la mejor opción, considerando que los recursos son personales.
• Se propone una mayor apertura y flexibilidad para optimizar el uso de los recursos y beneficiar a la sociedad.