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El texto de Simón Hernández León, publicado el 9 de abril de 2025, analiza la respuesta del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum ante la crisis de desaparición de personas en México. El autor argumenta que existe una incongruencia política, ya que, aunque el gobierno afirma priorizar el tema y mantener diálogo con las familias y colectivos, simultáneamente niega la responsabilidad del Estado y descalifica las críticas internacionales y las exigencias de las madres y padres buscadores.

México enfrenta una crisis con más de 110 mil personas desaparecidas, superando incluso a países en conflicto armado.

Resumen

• El gobierno de Claudia Sheinbaum muestra una incongruencia política al negar la responsabilidad del Estado en la crisis de desapariciones, a pesar de afirmar que es una prioridad nacional.
• La administración actual, conocida como la 4T, adopta una narrativa similar a la de gobiernos anteriores, como el de Enrique Peña, al descalificar a organismos internacionales y defensores de derechos humanos que critican la situación en México.
• Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, acusó al Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU de actuar de manera facciosa.

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• El Senado de la República emitió un pronunciamiento exigiendo a Naciones Unidas sancionar al presidente del Comité, Olivier de Frouville, utilizando un lenguaje descalificatorio.
• La falta de información fiable, registros y la impunidad prevaleciente son problemas que el Comité ha señalado en repetidas ocasiones.
• El gobierno mexicano pretende ignorar su responsabilidad internacional de garantizar la seguridad y proteger a la población.
• La 4T se desliga de la crisis de desaparición, reduciendo las críticas a acciones de la oposición y los medios, similar a la retórica de gobiernos priístas como los de Diaz Ordaz, Luis Echeverria, Miguel de la Madrid y panistas como Vicente Fox.

Conclusión

• El autor insta a la 4T a diferenciarse de los gobiernos anteriores, mostrando receptividad a la cooperación internacional y dejando de ver a las víctimas como oposición política.
• El Estado mexicano tiene la oportunidad de asumir una elevada responsabilidad y abordar la crisis de desapariciones de manera efectiva.
• El tiempo dirá si el gobierno actual es capaz de asumir esta responsabilidad y generar un cambio real en la situación.