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El texto de Manuel López San Martín, publicado el 9 de abril de 2025, aborda la problemática de la falta de perspectiva de género y protección de la infancia en el sistema judicial de la Ciudad de México, especialmente en el contexto de la elección judicial en curso. El autor critica la falta de información y capacitación en temas de género y violencia familiar, así como la ausencia de mecanismos de evaluación y control sobre el desempeño de los jueces.

Un dato importante es la falta de información desagregada sobre casos de violencia familiar en el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX entre 2022 y 2024.

Resumen

• El sistema judicial de la CDMX carece de información precisa y desagregada sobre casos de violencia familiar. El Tribunal Superior de Justicia de la CDMX (TSJCDMX) no puede determinar cuántas mujeres han denunciado violencia, cuántas recibieron sentencias favorables o cuántos agresores fueron condenados.
• La Dirección de Estadística del TSJCDMX admite que no cuenta con información sistematizada sobre los casos, lo que impide conocer detalles relevantes como la guarda y custodia de los hijos, la pensión alimenticia o la efectividad de las medidas de protección.
• Existe una falta de capacitación de los jueces y secretarios de acuerdos en materia de género, derechos de la infancia y violencia familiar. El Tribunal no tiene información sobre su formación o criterio especializado para resolver casos de riesgo.
• El autor cuestiona la utilidad de renovar los nombres de los jueces si el sistema no cambia. No hay evaluación pública ni interna sobre el actuar de los jueces, ni revisión de sentencias, ni filtros para evitar que quienes han actuado con parcialidad sigan dictando resoluciones.
• El caso del juez Eduardo Rafael del Moral Rincón, acusado de prevaricación, ejemplifica la falta de mecanismos para detectar y sancionar a jueces que dictan resoluciones injustas.

Conclusión

• El autor enfatiza la necesidad de un cambio profundo en el sistema judicial para garantizar la perspectiva de género y la protección de la infancia.
• Se requiere mejorar la recopilación y sistematización de datos, capacitar a los jueces y establecer mecanismos de evaluación y control sobre su desempeño.
• El caso del juez Eduardo Rafael del Moral Rincón demuestra la urgencia de implementar medidas para evitar que jueces acusados de irregularidades sigan en funciones.