¿Qué tan sanas son las finanzas de los estados?

El texto de Liliana Alvarado, fechado el 1 de Abril de 2025, analiza la fragilidad de las finanzas de las entidades federativas en México, basándose en indicadores de ingresos, gastos y deuda. Se destaca la alta dependencia de las transferencias federales y las implicaciones de la disminución de estas transferencias, así como la necesidad de revisar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF).

La dependencia promedio de las entidades federativas a las transferencias federales es del 86%.

Resumen

• La alta dependencia de las transferencias federales es una característica común en la mayoría de los estados, con Guerrero, Oaxaca y Morelos siendo los más dependientes (97%, 95% y 93% respectivamente).
• La disminución de las transferencias federales en 2025 (una caída del 1.2%) afectará de manera diferenciada a los estados, siendo la Ciudad de México (CDMX), Chihuahua y Quintana Roo los menos vulnerables.

• Publicidad
• En cuanto a la deuda, Tlaxcala presenta la mejor situación debido a restricciones legales, mientras que Querétaro destaca por sus buenos indicadores. Chihuahua, Coahuila y Nuevo León son los estados con los peores registros en este rubro.
• Chiapas tiene el mayor gasto como porcentaje del PIB a pesar de su alta dependencia de las transferencias federales, mientras que Campeche presenta el menor gasto en relación con su PIB.
• El ranking general de salud financiera ubica a la CDMX y Baja California Sur como los estados más sólidos, y a Coahuila y Nuevo León como los más frágiles.
• La baja recaudación y la alta dependencia de las transferencias federales son problemas compartidos por todas las entidades federativas.

Conclusión

• Es necesario un diálogo entre las entidades federativas y la federación para modificar el SNCF, especialmente en lo que respecta a las limitaciones legales para la recaudación de impuestos.
• Las entidades federativas deben evitar comprometer su estabilidad financiera con cargas insostenibles de deuda.
• Se requiere un gasto público eficiente que responda a las necesidades urgentes de la población sin comprometer los ingresos de las futuras generaciones.