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El texto de Carlos Martínez Macías, fechado el 25 de marzo de 2025, analiza la controversia generada por el caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, y la gestión de las autoridades ante la problemática de los desaparecidos. El autor critica la priorización de la imagen pública sobre el debido proceso legal, señalando irregularidades en la cadena de custodia y la exposición mediática del caso.

La apertura del rancho Izaguirre al público y a colectivos de búsqueda, antes de concluir las diligencias periciales, contraviene las leyes que buscan preservar la escena del crimen.

Resumen

• El caso del rancho Izaguirre reavivó el debate sobre los desaparecidos en México.
• La Fiscalía General de la República (FGR) y la fiscalía local organizaron una invitación pública al rancho, generando un "show" mediático.
• La FGR recibió la solicitud para atraer el caso el 20 de marzo de 2025, a pesar de haber convocado previamente a la visita.
• La Fiscalía del Estado inició la carpeta de investigación 68371/2024 el 18 de septiembre de 2024, tras la liberación de personas secuestradas y la detención de diez sujetos armados.
• La Fiscalía estatal mantuvo la cadena de custodia, a pesar de la intervención de la Guardia Nacional y el aseguramiento de armas de uso exclusivo del ejército.
• Alejandro Gertz Manero criticó las omisiones de las autoridades locales, quienes sufrieron el robo de tres camionetas aseguradas.
• El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontró prendas de posibles desaparecidos, evidenciando la ruptura de la cadena de custodia.
• El autor cita los artículos 132 del Código Penal de Jalisco y 227, 228 y 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que sancionan la violación de la cadena de custodia y la alteración de la escena del crimen.
• La Ley General de Víctimas permite la participación de familiares en búsquedas, pero exige rigor científico y protocolos internacionales.
• La publicación de 1,696 evidencias en un micrositio de la Fiscalía del Estado se considera una muestra de la politización del caso.
• El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) realiza reuniones semanales con colectivos para mostrar fotos de prendas encontradas, pero no las publica en internet.

Conclusión

• El manejo del caso Izaguirre priorizó la imagen pública sobre el cumplimiento del debido proceso legal.
• La exposición mediática y la participación desorganizada de colectivos contaminaron la escena del crimen.
• El autor critica la falta de rigor científico y el incumplimiento de los protocolos legales en la investigación.
• El caso refleja la necesidad de fortalecer la cadena de custodia y garantizar los derechos de las víctimas y sus familiares.