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El texto de Alberto Aziz Nassif, fechado el 25 de marzo de 2025, analiza la tragedia de las desapariciones en México, tomando como punto de partida el caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. El autor critica la ineficacia del Estado y la falta de voluntad política para abordar el problema, así como la normalización de la violencia y la impunidad.

El texto denuncia la existencia de más de 124,946 desaparecidos y no localizados en México, una cifra que abarca varios sexenios.

Resumen

• El caso de Teuchitlán expone la grave situación de las desapariciones en México, donde los cárteles del crimen organizado controlan territorios y reclutan jóvenes.
• Se critica la falta de coordinación y autocrítica entre las autoridades, incluyendo al fiscal general de la República, evidenciando la incapacidad del Estado para investigar y esclarecer los hechos.
• Se señala que la tragedia de las desapariciones ha persistido a lo largo de varios sexenios, con una falta de voluntad política para enfrentar el problema de manera efectiva.
• Se destaca el papel crucial de las madres buscadoras, las organizaciones de derechos humanos y el periodismo independiente para visibilizar la problemática y exigir justicia.
• Se menciona la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de implementar medidas como la nueva CURP como identidad básica, aunque se cuestiona si estas iniciativas se llevarán a cabo.
• Se enfatiza la necesidad de priorizar a las víctimas y a las madres buscadoras, evitando la manipulación política y los espectáculos mediáticos.
• Se denuncia el "juvenicidio", la desaparición y asesinato de miles de jóvenes, en su mayoría de bajos recursos, y la urgencia de una justicia transparente y eficaz.

Conclusión

• El artículo plantea la interrogante de si el caso de Teuchitlán marcará un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad o si quedará relegado ante nuevas tragedias.
• Se subraya la importancia de aprovechar la visibilidad actual del problema de las desapariciones para impulsar investigaciones transparentes y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.
• Se exige un cambio de enfoque, priorizando a las víctimas y evitando la politización y la burocratización de las investigaciones.