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El texto de Alberto Aguirre, fechado el 24 de Marzo de 2025, expone una serie de irregularidades y desfalcos relacionados con los fondos de retiro de los trabajadores de la educación en México, señalando a diversos actores y periodos gubernamentales.

Un dato importante es la pérdida de 20,000 millones de pesos del Fondo de Retiro para los trabajadores de la SEP (FORTE).

Resumen

• El texto denuncia cómo el antiguo régimen permitió a líderes sindicales controlar la educación básica y los fondos del ISSSTE.
• Se menciona a Carlos Jongitud Barrios, Elba Esther Gordillo y Miguel Ángel Yunes Linares como figuras clave en el manejo de estos recursos durante los gobiernos priistas y calderonistas.
• Se destaca la creación del Fondo de Retiro para los Trabajadores de la Educación (FORTE), considerado la primera afore en México, donde más de medio millón de empleados de la SEP invirtieron 15,000 millones de pesos.
• Se señala la desidia de altos mandos de la SEP, como Óscar Flores Jiménez, durante el sexenio anterior, como causa del deterioro de las pensiones del magisterio.
• Se menciona la fallida recuperación de 20,000 millones de pesos del FORTE y la negociación de Ana Botín (Banco Santander) en Palacio Nacional.
• Se indica que Alfonso Cepeda y el oficial mayor de la SEP no denunciaron el desfalco ante la FGR.
• Se expone la oferta de Roberto Guzmán de garantías inmobiliarias por valor de 1,000 millones de pesos para cubrir emisiones vencidas por 4,000 millones.
• Se revela que Flores Jiménez renunció a la SEP y se unió al gobierno del Estado de México como secretario de Finanzas.
• Se cuestiona el patrimonio de Flores Jiménez, a pesar de su larga trayectoria en el servicio público, y se mencionan sus empresas no declaradas: Flores, Dorantes & Asesores e Iram.
• Se involucra a Mercedes Irene y Juan Jesús Dorantes Dávila en los emprendimientos de Flores Jiménez.

Conclusión

• El artículo plantea serias acusaciones sobre la gestión de los fondos de retiro de los maestros en México, señalando la posible corrupción y negligencia de diversos funcionarios y líderes sindicales.
• La falta de transparencia y la impunidad en estos casos generan incertidumbre sobre el futuro de las pensiones de los trabajadores de la educación.
• El texto sugiere la necesidad de una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables del desfalco.