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El texto escrito por Gerardo Lozano Dubernard el 17 de Marzo de 2025 analiza la aplicación de una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la transparencia en la fiscalización de recursos públicos, contrastándola con la práctica actual de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La tesis de la SCJN establece que la denominación social de las empresas que contratan con el Estado debe ser pública en los informes de la ASF.

Resumen

• En Noviembre de 2021, la SCJN determinó que la ASF debe incluir la denominación social de las empresas que contratan con el Estado en sus informes de fiscalización.
• Esta decisión surge de un caso donde una empresa impugnó la publicación de su nombre por parte de la ASF, argumentando violación a su privacidad y honor.
• La SCJN argumentó que la información sobre el uso de recursos públicos tiene relevancia pública y que las empresas que contratan con el Estado no tienen una expectativa de privacidad en este contexto.
• El artículo 134 constitucional exige que los recursos públicos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y la fiscalización pública es esencial para garantizar estos principios.
• Gerardo Lozano Dubernard revisó informes de la ASF de 2023 sobre las "Participaciones Federales a Entidades Federativas" en los estados de Michoacán, Nuevo León, Coahuila, Estado de México y Sinaloa.
• En la revisión de 280 expedientes por más de 6,323 millones de pesos, encontró que los informes no revelan el nombre de los proveedores de bienes, servicios u obra pública.
• Esta falta de transparencia impide conocer qué empresas ganaron licitaciones o recibieron adjudicaciones directas, así como si incurrieron en incumplimientos.

Conclusión

• La práctica actual de la ASF, según la revisión de Lozano Dubernard, contradice la tesis de la SCJN y la obligación de transparencia en el uso de recursos públicos.
• Se cuestiona el motivo por el cual se ha perdido la transparencia en la fiscalización, a pesar del precedente legal establecido por la SCJN.
• La falta de transparencia dificulta la rendición de cuentas y el control ciudadano sobre el uso de los recursos públicos.