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El texto de Lenia Batres, escrito el 9 de febrero de 2025, analiza la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la constitucionalidad de artículos de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Jalisco. El texto argumenta sobre la importancia de la regulación estatal en materia de uso del suelo para proteger el medio ambiente y los derechos humanos.

La SCJN desestimó una declaratoria general de inconstitucionalidad de cinco artículos de la ley ambiental de Jalisco.

Resumen

• La SCJN rechazó la impugnación de cinco artículos de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Jalisco, que regulan las zonas de regulación ambiental.
• Esta decisión es relevante porque refleja la inconsistencia en las resoluciones administrativas sobre uso del suelo en México, a menudo sacrificando las facultades del Estado para ordenar el territorio y proteger derechos humanos, como el derecho a un medio ambiente sano.
• El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) otorga al Estado la competencia para regular el uso de la propiedad privada en beneficio del interés público, incluyendo la conservación del medio ambiente.
• Se critica la frecuente reclamación de una disposición absolutamente libre de la propiedad privada, ignorando que el derecho a un medio ambiente sano también es un derecho humano sujeto a regulación.
• Se menciona un caso donde la SCJN desechó un amparo relacionado con la construcción de obras en el Lago de Chapala, argumentando la falta de estudios topográficos por parte de los vecinos.
• Se destaca la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en julio de 2022, que reconoció el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, instando a la acción judicial para su protección.

Conclusión

• La decisión de la SCJN es un paso positivo para la protección del medio ambiente y la regulación del uso del suelo en México.
• Sin embargo, se requiere mayor consistencia en las resoluciones judiciales para garantizar la protección efectiva del derecho a un medio ambiente sano, tal como lo establece la reforma del artículo 4o. constitucional del 28 de junio de 1999 y la resolución de la ONU de julio de 2022.
• Es necesario un mayor activismo judicial para asegurar la aplicación efectiva de las leyes ambientales y la protección de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente.