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El texto de Carlos Mota, del 7 de febrero de 2025, analiza el plan de expansión energética de México y la situación de la concesionaria de agua Aguakan. El texto presenta datos sobre la capacidad energética proyectada para 2030, la participación del sector privado en la generación de energía y el conflicto legal que enfrenta Aguakan en Quintana Roo.

El plan de expansión energética de México para 2030 prevé un aumento del 31% en la capacidad instalada, pero limita la participación del sector privado a un 29%.

Resumen:

• El plan de expansión energética presentado por la Secretaría de Energía, Luz Elena González, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dirigida por Emilia Calleja, prevé añadir 29,740 MW a la capacidad instalada actual de 92,140 MW.
• Para 2030, México tendrá una capacidad instalada de 121,880 MW.
• El plan limita la generación de energía privada a 6,400 MW, sumando a la capacidad actual de 28,901 MW, para un total de 35,301 MW. Esto representa un 29% de la capacidad total instalada en 2030, muy por debajo del 46% anunciado previamente por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.
• Existe la posibilidad de que la CFE incluya proyectos de inversión mixta y producción exclusiva para la CFE en sus cálculos de participación privada, lo que podría explicar la discrepancia.
• También es posible que la productividad de los generadores privados sea mayor a la de la CFE.
• El gobierno de Quintana Roo continúa hostigando judicialmente a Aguakan, empresa de Jorge Ballesteros, que ha invertido más de 8,000 millones de pesos en infraestructura de agua potable y drenaje.
• Un supuesto comprador busca adquirir la concesión de Aguakan a un precio que perjudicaría a varias Afores que invirtieron en la empresa, con pérdidas estimadas entre 3,000 y 4,000 millones de pesos.

Conclusión:

• El plan de expansión energética de México presenta una discrepancia entre la participación anunciada y la real del sector privado en la generación de energía.
• La transparencia del gobierno sobre este tema es crucial para mantener la confianza.
• El conflicto legal contra Aguakan en Quintana Roo pone en riesgo las inversiones privadas y la estabilidad del sector de agua potable.
• La falta de claridad en ambos casos genera incertidumbre en el mercado y entre los inversionistas.