Sin tanto conflicto

Este texto, escrito por Rodrigo Alcázar Silva el 6 de Febrero de 2025, analiza las implicaciones de la reforma constitucional de 2024 en materia de competencia económica en México, particularmente la transición hacia una sola autoridad reguladora. Se centra en los desafíos y oportunidades que presenta este cambio, considerando experiencias pasadas y la necesidad de una mejor coordinación interinstitucional.

La reforma constitucional de 2024 busca mejorar la regulación de la competencia económica en México al unificar las autoridades.

Resumen:

• Se destaca la desaparición próxima de la Cofece como se conocía.
• Se considera positivo el regreso a una sola autoridad de competencia, en lugar de las dos existentes (Cofece e IFT). Esto simplificará la resolución de conflictos competenciales, que en el pasado, como en el caso AT&T – Discovery, causaron demoras significativas (año y medio).

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• Se argumenta que la simple unificación no basta; se requiere una mayor coordinación entre los reguladores para evitar problemas como la "doble ventanilla", experimentada con la interacción de Cofetel, SCT y Cofeco.
• Se destaca la importancia de la coordinación entre la nueva agencia de competencia y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, considerando las facultades de ambas según el artículo sexto constitucional.
• Se mencionan ejemplos positivos de colaboración entre la Cofece y los gobiernos de Jalisco y Yucatán.
• Se enfatiza la necesidad de que los legisladores consideren estos retos al emitir la regulación secundaria, asegurando la seguridad jurídica para las inversiones.

Conclusión:

• La reforma de 2024 presenta oportunidades para mejorar la regulación de la competencia en México.
• La unificación de las autoridades es un paso positivo, pero la coordinación interinstitucional es crucial para su éxito.
• La experiencia pasada con Cofetel, SCT, Cofeco y Cofece ofrece lecciones valiosas para el diseño de la nueva estructura regulatoria.
• La seguridad jurídica para las inversiones debe ser una prioridad en la implementación de la reforma.