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El siguiente texto, escrito por Estefanía Medina, analiza las recientes decisiones del gobierno de Estados Unidos con respecto a la aplicación de la Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero (FCPA), y sus posibles implicaciones para la integridad corporativa.

El FCPA ha permitido al gobierno de Estados Unidos recuperar más de 31 mil millones de dólares en sanciones.

Resumen

• La FCPA ha sido una herramienta exitosa para el Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Valores (SEC) de los Estados Unidos en la lucha contra la corrupción a nivel global, permitiendo la recuperación de grandes sumas de dinero.
• El 5 de febrero, la Fiscal General ordenó limitar los esfuerzos del FCPA a casos relacionados con cárteles y organizaciones criminales transnacionales.
• El 10 de febrero, el Presidente Trump emitió una orden ejecutiva para pausar la aplicación del FCPA por 6 meses, argumentando que perjudica la competitividad de las empresas estadounidenses.
• Sin embargo, la FCPA se aplica mayormente a empresas extranjeras (45% en 2024 y 50% en 2023).
• La autora argumenta que es momento de redoblar los esfuerzos de integridad corporativa ante el posible revire de la aplicación del FCPA por varias razones:
  • El gobierno podría reconocer el potencial del FCPA como herramienta de control y fuente de ingresos.
  • La pausa puede ser inaplicada por la Fiscal para los casos que ella determine relevantes.
  • El DOJ cuenta con otras herramientas para investigar casos de corrupción.
  • La orden ejecutiva no afecta las acciones de la SEC.
  • La designación de cárteles como organizaciones terroristas amplía los riesgos de investigación.

Conclusión

• A pesar de la pausa temporal en la aplicación del FCPA, las empresas deben mantener y fortalecer sus programas de integridad corporativa.
• Los riesgos de investigación no solo provienen de la corrupción corporativa, sino también de acciones que puedan considerarse apoyo a organizaciones criminales.
• La autora, Estefanía Medina, insta a las empresas a estar preparadas para un posible cambio de rumbo en la política de aplicación del FCPA por parte del gobierno de Estados Unidos.