Terroristas

Este texto de Carlos Puig, escrito el 21 de Febrero de 2025, analiza las implicaciones de la designación de grupos criminales mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) por parte del gobierno de Estados Unidos. El autor argumenta que esta designación, aunque significativa políticamente, no otorga nuevas facultades legales a Estados Unidos para intervenir militarmente en México.

La palabra clave para entender las consecuencias legales de la designación es "knowingly" (a sabiendas).

Resumen

• La designación de grupos criminales mexicanos como FTO por parte de Estados Unidos ha generado debate.
• La designación no otorga a Estados Unidos nuevas facultades legales para invadir México, ya que históricamente no las ha necesitado.

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• El impacto en las instituciones financieras dependerá de la prueba de conocimiento previo ("knowingly") sobre el origen de los fondos manejados.
• La regulación bancaria en México y Estados Unidos ha mejorado desde el escándalo de HSBC en 2012, dificultando la impunidad en el lavado de dinero.
• La aplicación de la ley "knowingly" en el comercio de armas es crucial, pero débil, debido a la falta de regulación sobre la verificación de la identidad de los compradores.
• Las acciones de Donald Trump como presidente de Estados Unidos son impredecibles, y la designación FTO podría ser más una estrategia política y narrativa que una acción legal determinante.
• La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos tiene 17 mil personas, empresas y organizaciones en su lista de sanciones y bloqueos activos, muchas de México.

Conclusión

• La designación de FTO tiene implicaciones políticas y narrativas significativas, pero su impacto legal directo es limitado.
• La efectividad de la designación dependerá de la capacidad de las autoridades para probar el conocimiento previo ("knowingly") en transacciones financieras y de armas.
• La impredecibilidad de las acciones de Donald Trump añade incertidumbre a las consecuencias de la designación.
• La lucha contra el crimen organizado requiere una mayor cooperación y regulación, especialmente en el control de armas y el lavado de dinero.