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Este texto de Javier Tejado, publicado el 18 de febrero de 2025, analiza dos leyes de seguridad enviadas a la Cámara de Diputados por la presidenta Claudia Sheinbaum: la del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la del nuevo Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad. El artículo explora los cambios radicales que estas leyes implican para la relación entre el Estado, las entidades federativas y los ciudadanos, destacando tanto sus potenciales beneficios como sus riesgos.

El texto advierte sobre la creación de un Estado policial sin precedentes y sin contrapesos, debido a la falta de instituciones como el INAI y una posible composición de la Suprema Corte favorable al gobierno.

Resumen

• Se creará un Sistema Nacional de Seguridad Pública y un Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad, centralizando la información de diversas dependencias federales en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), bajo la dirección del secretario Omar García Harfuch.
• Todas las dependencias federales, incluyendo la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Marina, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda, el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Cancillería, la Agencia de Transformación Digital, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, deberán compartir información en tiempo real con la SSPC.
• Los estados y municipios también estarán obligados a compartir información de seguridad con la SSPC, incluyendo la actualización diaria de datos. La SSPC regulará todos los centros de comando y control (C4 y C5) del país y supervisará las academias de policía estatales.
• Se creará un registro nacional con datos oficiales y privados de ciudadanos, incluyendo información vehicular, telefónica, inmobiliaria, comercial, catastral, fiscal, de llamadas telefónicas y biométricos (huellas e iris), posiblemente obtenidos de la base de datos del INE.
• El autor expresa preocupación por la falta de contrapesos al poder, la vulnerabilidad de la información ante posibles hackeos, y la necesidad de una rigurosa evaluación y certificación del personal que tendrá acceso a la información sensible. Se menciona el hackeo a bases de datos de la Presidencia (2024), la Consejería Jurídica y la Defensa Nacional (2023).
• El autor reconoce la necesidad de combatir el crimen organizado en México, pero advierte sobre los riesgos de un sistema altamente intrusivo.

Conclusión

• Las nuevas leyes representan un cambio sustancial en la seguridad pública de México, con la potencialidad de mejorar la lucha contra el crimen organizado, pero también con riesgos significativos para la privacidad y los derechos ciudadanos.
• La falta de contrapesos institucionales genera preocupación sobre posibles abusos de poder.
• La seguridad de la información recopilada es crucial, dado el historial de hackeos a bases de datos gubernamentales.
• Se requiere una evaluación rigurosa del personal que tendrá acceso a la información sensible para prevenir la corrupción y el uso indebido de los datos.
• A pesar de los riesgos, el autor sugiere darle el beneficio de la duda a la presidenta Sheinbaum y al secretario García Harfuch, reconociendo su historial en la lucha contra la inseguridad. Sin embargo, cuestiona la falta de atención a políticos vinculados al crimen organizado.