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Este texto, escrito por Ignacio Morales Lechuga el 12 de Febrero de 2025, analiza críticamente una nueva reforma al Código Fiscal de la CDMX que obliga a los propietarios de inmuebles con valor catastral superior a 4 millones 527 mil pesos a presentar una declaración informativa sobre el estado de sus propiedades. El autor cuestiona la opacidad y la posible inequidad de la medida.

La reforma al Código Fiscal de la CDMX genera incertidumbre jurídica al no proporcionar un formato oficial para la declaración obligatoria.

Resumen

• La reforma al Código Fiscal de la CDMX, aprobada por diputados locales, exige a propietarios de inmuebles con valor catastral superior a 4 millones 527 mil pesos una declaración "informativa" sobre el estado de sus propiedades a partir del 1 de enero.
• El artículo 132 del código es ambiguo respecto a qué se entiende por "el estado que guardan" los inmuebles.
• La falta de un formato oficial emitido por la Secretaría de Finanzas de la CDMX deja a los propietarios en una situación de indefensión jurídica.
• Morales Lechuga cuestiona la selectividad de la medida, argumentando que contradice el principio de generalidad en la recaudación de impuestos.
• El autor expresa preocupación por la posible naturaleza confiscatoria de la reforma y su impacto negativo en la inversión inmobiliaria.
• Se critica la falta de transparencia en el destino de los recursos recaudados a través del impuesto predial.
• Se señala la posibilidad de inspecciones arbitrarias y la creciente burocratización del sector inmobiliario.

Conclusión

• La reforma genera incertidumbre e indefensión para miles de propietarios en la CDMX.
• La falta de claridad y la ausencia de un formato oficial revelan una aplicación apresurada de nuevas reglas inmobiliarias.
• La medida se percibe como un ejemplo de la animadversión del gobierno hacia la propiedad privada y los constructores inmobiliarios.
• Se teme que esta reforma sea solo el primer paso hacia medidas más restrictivas y de control social.
• Se cuestiona la falta de transparencia en el uso de los fondos recaudados y la falta de rendición de cuentas por parte del gobierno.