CDMX: Nuevas acciones contra la propiedad privada

Este texto, escrito por Ignacio Morales Lechuga el 12 de Febrero de 2025, analiza críticamente una nueva reforma al Código Fiscal de la CDMX que obliga a los propietarios de inmuebles con valor catastral superior a 4 millones 527 mil pesos a presentar una declaración informativa sobre el estado de sus propiedades. El autor cuestiona la opacidad y la posible inequidad de la medida.

La reforma al Código Fiscal de la CDMX genera incertidumbre jurídica al no proporcionar un formato oficial para la declaración obligatoria.

Resumen

• La reforma al Código Fiscal de la CDMX, aprobada por diputados locales, exige a propietarios de inmuebles con valor catastral superior a 4 millones 527 mil pesos una declaración "informativa" sobre el estado de sus propiedades a partir del 1 de enero.
• El artículo 132 del código es ambiguo respecto a qué se entiende por "el estado que guardan" los inmuebles.

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• La falta de un formato oficial emitido por la Secretaría de Finanzas de la CDMX deja a los propietarios en una situación de indefensión jurídica.
• Morales Lechuga cuestiona la selectividad de la medida, argumentando que contradice el principio de generalidad en la recaudación de impuestos.
• El autor expresa preocupación por la posible naturaleza confiscatoria de la reforma y su impacto negativo en la inversión inmobiliaria.
• Se critica la falta de transparencia en el destino de los recursos recaudados a través del impuesto predial.
• Se señala la posibilidad de inspecciones arbitrarias y la creciente burocratización del sector inmobiliario.

Conclusión

• La reforma genera incertidumbre e indefensión para miles de propietarios en la CDMX.
• La falta de claridad y la ausencia de un formato oficial revelan una aplicación apresurada de nuevas reglas inmobiliarias.
• La medida se percibe como un ejemplo de la animadversión del gobierno hacia la propiedad privada y los constructores inmobiliarios.
• Se teme que esta reforma sea solo el primer paso hacia medidas más restrictivas y de control social.
• Se cuestiona la falta de transparencia en el uso de los fondos recaudados y la falta de rendición de cuentas por parte del gobierno.