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El texto de Lucía Melgar, escrito el 11 de febrero de 2025, analiza la audiencia pública celebrada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Ernestina Ascencio Rosario, una mujer indígena nahua fallecida en 2007 por falta de atención médica tras una presunta violación por militares en la Sierra de Zongolica, Veracruz. El texto critica la respuesta del Estado mexicano y su intento de minimizar su responsabilidad en el caso.

El Estado mexicano intentó justificar la falta de acceso a la información en nombre de la protección de datos personales de funcionarios.

Resumen

• Se revisó el caso de Ernestina Ascencio Rosario, una mujer indígena nahua de 73 años, fallecida en 2007 por falta de atención médica tras una presunta violación por militares en Veracruz.
• El Estado mexicano, representado por sus funcionarios, intentó minimizar su responsabilidad en la muerte de Ernestina Ascencio, cuestionando la admisibilidad del caso y las acusaciones de violencia sexual contra el ejército.
• La hija de Ernestina, Marta Inés, testificó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en náhuatl, pidiendo justicia.
• Las representantes de las víctimas destacaron la responsabilidad del Estado mexicano por violar el derecho a la salud, a la información y a la justicia de Ernestina.
• La CoIDH coincidió en las responsabilidades del Estado y afirmó la validez del testimonio de la víctima en casos de violencia sexual.
• El Estado mexicano intentó justificar la falta de acceso a la información argumentando la protección de datos personales de funcionarios, a pesar de las opiniones de peritos como Ernesto Villanueva.
• El Estado mexicano ofreció reparaciones ridículas por el daño causado, como la incorporación de la familia al Mecanismo de Atención a Víctimas y el acceso al programa "Casa por casa", propuestas consideradas insuficientes por la jueza Verónica Gómez.
• El Estado mexicano intentó descalificar las acusaciones de violación contra los militares, minimizando las denuncias de graves violaciones de derechos humanos.
• El texto concluye enfatizando la obligación del Estado mexicano de garantizar los derechos a la salud, a la verdad y a la justicia.

Conclusión

• El caso de Ernestina Ascencio Rosario expone la falta de acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos en México.
• La respuesta del Estado mexicano refleja una falta de voluntad para asumir su responsabilidad y una tendencia a la opacidad.
• Es necesario seguir presionando al Estado mexicano para que garantice los derechos de las víctimas y se haga justicia en este y otros casos similares.
• La sentencia de la CoIDH será crucial para determinar la responsabilidad del Estado mexicano y establecer las medidas de reparación necesarias.