Este texto analiza críticamente una reforma constitucional aprobada el 9 de Diciembre de 2024, que elimina varios órganos constitucionales autónomos y organismos públicos descentralizados en México. El autor argumenta que la justificación de la reforma, basada en la austeridad republicana y la buena administración pública, carece de sustento y evidencia. Se cuestiona la verdadera motivación detrás de la reforma, sugiriendo que busca centralizar el poder en el Ejecutivo Federal.
Resumen:
La reforma constitucional elimina órganos constitucionales autónomos y organismos públicos descentralizados, supuestamente para promover la austeridad y la buena administración pública.
El autor argumenta que la reforma carece de sustento fáctico, sin presentar datos sobre el ahorro presupuestario, la reducción de la corrupción o la duplicidad de funciones.
Se critica la falta de justificación para las afirmaciones sobre la reducción del endeudamiento y la creación de empleos.
La reforma, según el autor, concentra más poder en el Ejecutivo Federal, fortaleciendo el hiperpresidencialismo.
Se utiliza el caso del INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) como ejemplo de cómo la reforma debilita la rendición de cuentas y la protección de datos personales.
Las funciones del INAI pasarán a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, creando un conflicto de interés al concentrar las funciones de gasto, auditoría y decisión sobre la publicidad de la información.
Se expresa preocupación por la concentración de la custodia de datos personales en el Ejecutivo Federal, dado el riesgo de su uso indebido con fines políticos.
Conclusión:
El autor considera que la reforma constitucional no logrará sus objetivos declarados.
La verdadera intención de la reforma parece ser la centralización del poder en el Ejecutivo Federal, debilitando la separación de poderes.
La eliminación del INAI y la reubicación de sus funciones representan una amenaza para la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales.
El autor expresa pesimismo sobre el futuro de la transparencia y la rendición de cuentas en México a raíz de esta reforma.
