Este texto de Guillermo Nieto, escrito el 9 de Diciembre de 2024, analiza un informe de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Justicia de Estados Unidos que revela fallas significativas en las operaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA), particularmente en sus prácticas de interdicción de transporte. El texto también aborda la posición controvertida de la DEA respecto a la legalización del cannabis y las implicaciones éticas y legales de sus acciones.
Resumen:
El informe de la OIG expone fallas en las prácticas de la DEA en "encuentros consensuados" o revisiones en aeropuertos y estaciones de transporte público.
Se encontró falta de documentación adecuada de estas revisiones, dificultando la evaluación de su efectividad y la detección de posibles discriminaciones.
La DEA suspendió la capacitación de su personal para estas actividades desde 2023, incrementando el riesgo de errores y abusos.
El informe cita casos de mal manejo, como la retención innecesaria de equipaje, causando inconvenientes a los pasajeros sin encontrar evidencia de actividad ilegal.
La DEA paga a empleados de aerolíneas para reportar pasajeros que compran boletos de última hora, generando dudas éticas y legales.
Una investigación de USA Today de 2016 reveló que la DEA incautó más de USD 209 millones a más de 5.200 viajeros en una década, repartiendo la mayoría de los fondos con la policía local.
La DEA enfrenta críticas por su resistencia a reclasificar la marihuana de la Lista I a la Lista III, a pesar de la recomendación del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), generando acusaciones de conflicto de interés e imparcialidad.
Se señala una posible comunicación ilícita de la DEA con grupos opositores al cannabis, como Smart Approaches to Marijuana (SAM).
El Fiscal General Adjunto suspendió las revisiones en instalaciones de transporte público, excepto en casos específicos de investigaciones en curso, como respuesta al informe.
Conclusión:
La falta de transparencia y las prácticas cuestionables de la DEA socavan la confianza pública y la legitimidad de sus operaciones.
La suspensión de las revisiones es un primer paso, pero se necesitan reformas sustanciales para garantizar el respeto a los derechos humanos y la eficiencia en la lucha contra el narcotráfico.
La DEA debe implementar las recomendaciones del informe, incluyendo la reanudación de la capacitación, la documentación exhaustiva de las revisiones y el establecimiento de controles más estrictos.
El caso de la DEA sirve como advertencia para todas las agencias de seguridad sobre la importancia del respeto a la ley y a los derechos de los ciudadanos.
La lucha contra el narcotráfico debe llevarse a cabo con ética y transparencia, respetando los cambios legislativos en torno al cannabis en algunas regiones.
