Este texto de Jorge Suárez-Vélez, publicado el 5 de diciembre de 2024 en EN REFORMA, critica la creación del CADERR (Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización) y la gestión económica del gobierno mexicano. Suárez-Vélez, economista del ITAM y Managing Director en Allen and Company Investment Advisors, argumenta que las acciones del gobierno no buscan el desarrollo económico real, sino la perpetuación en el poder.
Resumen:
El autor considera que el CADERR, a pesar de reunir a empresarios de renombre, es una medida cosmética que no busca un verdadero diálogo para impulsar el desarrollo económico.
Suárez-Vélez critica la falta de inversión en infraestructura crucial (puertos, aeropuertos, carreteras, banda ancha, energía limpia) para impulsar el crecimiento económico.
Señala la necesidad de un liderazgo pragmático que atraiga inversión privada nacional e internacional para desarrollar infraestructura y tecnología de punta.
Critica la ineficiencia del gobierno en el manejo de recursos públicos, destacando el alto gasto en programas sociales ineficientes, el subsidio a paraestatales como Pemex, y el aumento de la deuda pública.
Señala que las acciones del gobierno, como la reforma judicial y la eliminación del INAI e IFT, limitan la transparencia y el Estado de derecho, lo que impide un desarrollo económico sostenible.
El autor argumenta que el gobierno prioriza su permanencia en el poder sobre el desarrollo económico del país.
Los empresarios, según Suárez-Vélez, interpretan erróneamente las medidas del gobierno como señales positivas, ignorando su ideología centralizadora y la falta de preparación de los funcionarios públicos.
Conclusión:
El texto de Jorge Suárez-Vélez presenta una visión pesimista sobre la situación económica de México, atribuyendo la falta de crecimiento a las políticas del gobierno actual.
El autor considera que las medidas tomadas por el gobierno no son efectivas para impulsar el desarrollo económico y la prosperidad de los mexicanos.
Se hace un llamado a un cambio de rumbo en las políticas económicas, priorizando la inversión en infraestructura, la transparencia y el fortalecimiento del Estado de derecho.
