Este texto de Carlos Velázquez, del 4 de diciembre de 2024, analiza la controversia generada por la propuesta de imponer un Derecho de No Residente (DNR) de 42 dólares a los cruceristas que visitan México. El artículo describe las reacciones de diferentes actores involucrados, incluyendo a representantes de la industria de cruceros y funcionarios del gobierno mexicano.
Resumen:
Michelle Paige y Micky Arison, de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA), cancelaron su viaje a Ciudad de México para reunirse con Claudia Sheinbaum, Josefina Rodríguez, y legisladores, debido a la imposibilidad de concertar citas.
La decisión de imponer el DNR causó desconcierto y molestia en la FCCA por la falta de consulta previa.
Gobiernos anteriores de Vicente Fox y Felipe Calderón revirtieron propuestas similares, considerando el impacto negativo en la economía de los destinos turísticos.
Oralia Rice, ex subsecretaria de Turismo con Calderón, se opuso a la medida, recordando las consecuencias económicas negativas en Mazatlán tras la disminución de cruceros por un incidente de violencia.
Se estima que casi 11 millones de personas (pasajeros y tripulación) visitarán destinos mexicanos en cruceros en 2024, generando alrededor de mil millones de dólares en gasto y 20 mil empleos.
Paige advirtió que la imposición del DNR podría llevar a una reducción paulatina en el arribo de cruceros, debido a los largos plazos para modificar rutas.
Jesús Almaguer, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, apoyó el cobro del DNR, criticando la falta de compromiso ambiental de las navieras.
Almaguer mencionó el apoyo de empresarios como Alex Zozaya, Pepe Chapur y la familia García Zalvidea a la medida, sugiriendo que los recursos obtenidos se inviertan en promoción, infraestructura y seguridad.
Conclusión:
La falta de diálogo entre el gobierno mexicano y la FCCA podría resultar en una disminución del turismo de cruceros, afectando a diversos sectores.
La decisión de imponer el DNR tiene implicaciones económicas significativas para México, considerando la derrama económica y la generación de empleos asociados a la industria de cruceros.
La controversia resalta la necesidad de un diálogo constructivo entre el gobierno y la industria privada para encontrar soluciones que beneficien a todos los actores involucrados.
