El texto de Jaime Núñez, escrito el 4 de diciembre de 2024, analiza la propuesta de reforma constitucional en México para prohibir los vapeadores, cuestionando su efectividad y proponiendo alternativas regulatorias. El artículo presenta argumentos basados en datos estadísticos y ejemplos internacionales.
Resumen:
Se debate en la Cámara de Diputados una reforma para prohibir la producción, distribución y comercialización de vapeadores en México, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Más de cinco millones de personas en México usan vapeadores, según Pro-Vapeo, y una prohibición podría trasladar el mercado al ámbito negro.
Al menos el 33% de los consumidores adquieren vapeadores en canales informales (NielsenIQ), donde los precios accesibles los hacen asequibles para menores.
El mercado negro, controlado por grupos como La Unión Tepito y el Cártel de Sinaloa, produce vapeadores con sustancias peligrosas como fentanilo (Cofepris).
La prohibición no elimina los riesgos, sino que los incrementa, al permitir la proliferación de productos con metales pesados como cadmio, níquel y plomo, causando enfermedades respiratorias graves y daños cardiovasculares y mutagénicos.
Países como Reino Unido y Nueva Zelanda optan por regular los vapeadores, limitando el acceso a menores y usándolos para combatir el tabaquismo (Royal College of Physicians).
Una regulación adecuada en México podría generar hasta 13 mil millones de pesos anuales en impuestos, financiando programas de salud y prevención del tabaquismo.
Conclusión:
La prohibición de vapeadores en México no es la solución más efectiva, ya que podría aumentar los riesgos para la salud pública y generar un mercado negro lucrativo.
La regulación, como en Reino Unido y Nueva Zelanda, ofrece una alternativa más viable, generando ingresos fiscales y permitiendo el control de calidad y acceso a los productos.
Una regulación efectiva podría generar importantes recursos para financiar programas de salud pública y combatir el tabaquismo de manera más eficiente.
