Este texto, escrito por Miguel Ángel Vargas el 2 de diciembre de 2024, analiza el problema de la usurpación de profesiones en Puebla, México, enfocándose particularmente en los casos de una falsa psiquiatra y una doctora que prescribe tratamientos oncológicos sin la especialidad requerida. El artículo destaca la necesidad de investigar no solo a los usurpadores, sino también a las farmacias que les surten medicamentos, implicando una posible complicidad. Además, se presentan datos sobre el incremento de este delito en los últimos años.
Resumen:
El caso de la falsa psiquiatra Marilyn Cote en Puebla generó una tendencia nacional.
Se reporta un caso similar de una doctora que prescribe tratamientos oncológicos sin la especialidad.
Académicos señalan la necesidad de investigar la complicidad de las farmacias que surten recetas apócrifas.
Instituciones como la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (DPRIS), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Salud no sancionan adecuadamente a las farmacias, revelando problemas estructurales.
Entre enero de 2013 y noviembre de 2024, se registraron 87 investigaciones por usurpación de profesión en Puebla.
Las profesiones más afectadas son la de abogado y médico.
Datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), obtenidos por Jesús Zavala, muestran un incremento significativo en los casos de usurpación desde 2020, coincidiendo con la pandemia.
Se detallan las cifras de denuncias por año desde 2020 hasta la fecha del artículo.
Los pseudoabogados son los que más proliferan, seguidos por los médicos, arquitectos, odontólogos, contadores públicos, enfermeros e ingenieros.
Conclusión:
La usurpación de profesiones, especialmente en el ámbito médico, representa un grave problema de salud pública en Puebla.
La falta de sanciones a las farmacias implicadas sugiere la necesidad de una reforma en los sistemas de control y regulación.
El incremento de casos desde 2020 requiere una atención urgente por parte de las autoridades.
Se recomienda a la población acudir únicamente a profesionales de la salud y otras profesiones de confianza, verificando sus credenciales.
