Este texto de Marco A. Mares, del 2 de Diciembre de 2024, analiza la problemática de la deuda del gobierno mexicano con la industria farmacéutica y las implicaciones para la próxima licitación de medicamentos para 2025-2026. Se discuten las dificultades que enfrenta el nuevo gobierno para resolver esta situación y las consecuencias para el sistema de salud pública.
Resumen:
El gobierno mexicano tiene una deuda de aproximadamente 9,000 millones de pesos con las empresas farmacéuticas, cifra que podría aumentar. Esta deuda corresponde al periodo 2022-2023, con alrededor de 5,000 millones de pesos pertenecientes al IMSS-Bienestar.
La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), presidida por Rafael Gual, representa al 86% del mercado nacional de medicamentos y está preocupada por la situación. Gual destaca por su franqueza al abordar el tema.
La deuda se suma al déficit fiscal del gobierno de Claudia Sheinbaum (alrededor del 6%) y a un legado crítico en materia de salud. Se compara la situación con el sistema de salud de Dinamarca.
La deuda con la industria farmacéutica se presenta en paralelo a una deuda de Petróleos Mexicanos (PEMEX) con sus proveedores de aproximadamente 20,000 millones de dólares.
Los cinco intentos fallidos de sistemas de compras gubernamentales durante el sexenio 2018-2024 contribuyeron a la crisis actual, incluyendo el desmantelamiento del sistema de distribución privada y el sistema de compra consolidada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El gobierno de Claudia Sheinbaum tendrá que realizar compras emergentes para los primeros meses de 2025, probablemente a través de adjudicaciones directas, y posteriormente una licitación para 2025-2026.
Se ha eliminado el permiso de importación de productos médicos sin registro sanitario de la Ley General de Salud, una medida positiva para la industria.
El nuevo gobierno otorgó una extensión de plazo para la licitación, con fallo el 16 de diciembre y entregas a partir del 1 de marzo.
Sin embargo, persisten problemas logísticos, ya que el número de puntos de entrega planteado por el gobierno (570) supera la capacidad de la industria, y la exclusión de empresas distribuidoras complica el abasto. Eduardo Clark, súper subsecretario de salud, es el responsable de ejecutar el nuevo modelo de adquisición.
Conclusión:
La deuda del gobierno con la industria farmacéutica genera incertidumbre en el sector.
Si bien hay señales positivas, como la extensión del plazo y la eliminación del permiso de importación sin registro sanitario, los desafíos logísticos y la magnitud de la deuda representan un obstáculo significativo para el buen funcionamiento del sistema de salud.
El éxito del nuevo modelo de adquisición dependerá de la capacidad del gobierno para resolver la deuda pendiente y gestionar eficientemente la logística de distribución.
La situación requiere una solución urgente para evitar un mayor desabasto de medicamentos y una crisis en el sistema de salud pública de México.
