Este texto, escrito por Valeria Uribe Robles, Directora de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF) en México, el 16 de Diciembre de 2024, analiza el estado del sector automotriz mexicano en cuanto a sus prácticas laborales a la luz de la Reforma Laboral y el capítulo 23 del T-MEC. El texto presenta un diagnóstico realizado por la Universidad de Celaya, la PADF, la Industria Nacional de Autopartes (INA) y otros actores, basado en un estudio de 261 empresas. Se destaca el progreso en materia de derechos laborales, pero también se señalan áreas que requieren atención.
Resumen:
El 95.4% de las empresas del sector automotriz cumplen con los derechos humanos laborales la mayoría del tiempo.
El 92% de las empresas mejoraron su conocimiento de la legislación laboral.
El 76.63% de las empresas tienen protocolos para prevenir la discriminación, y el 67.82% capacita a su personal en este tema.
El 79.3% de las empresas reportan rara vez o nunca denuncias por malos tratos u hostigamiento.
El 84.7% de las empresas aplican políticas para fomentar la equidad de género, y el 76.6% cuenta con protocolos para prevenir la violencia y el acoso sexual.
El 87.4% de las empresas han revisado contratos colectivos y salariales según la ley.
Solo el 66.7% de las empresas reportan avances positivos en el diálogo social entre sindicatos, gobierno y organismos.
Se observan avances significativos entre 2021 y 2024 en áreas como la libertad de asociación y la equidad de género.
Conclusión:
El sector automotriz mexicano muestra avances en el cumplimiento de la Reforma Laboral y el T-MEC, pero persisten retos.
Se recomiendan acciones como fomentar la formación en temas laborales, impulsar la matrícula femenina en carreras técnicas, fortalecer el diálogo social, mejorar la infraestructura inclusiva y promover el apoyo gubernamental a los clústeres empresariales.
El cumplimiento de estas recomendaciones permitirá a México consolidarse como un referente global en manufactura ética y sostenible, generando una ventaja competitiva en el mercado internacional.
El compromiso con los derechos laborales y la inclusión es un imperativo ético y una oportunidad para fortalecer el tejido social y económico del país.
