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Este texto, escrito por Arturo Zaldívar el 5 de noviembre de 2024, refuta las críticas a la reforma judicial en México, argumentando que el proceso de selección de jueces es riguroso y garantiza la idoneidad de los candidatos. Se defiende la reforma como un paso hacia una justicia más democrática y accesible.

Resumen:

• Se desmienten las críticas que califican la reforma judicial como desastrosa para el estado de derecho, argumentando que no se basa en recomendaciones arbitrarias sino en un proceso de selección exhaustivo.
• El 31 de octubre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instaló el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo Federal, del cual Arturo Zaldívar forma parte. Se han establecido comités en los tres Poderes de la Unión.
• El proceso de selección consta de tres etapas: análisis de requisitos de elegibilidad, evaluación global de perfiles curriculares (incluyendo ensayos y cartas de recomendación) y entrevistas públicas para evaluar conocimientos técnicos y aptitudes.
• Se enfatiza que solo los mejores perfiles, con excelencia en derecho constitucional, derechos humanos y aptitudes jurídicas, accederán a la votación ciudadana el 1 de junio de 2025.
• Se destaca que el proceso es exhaustivo, objetivo y cumple con estándares internacionales de independencia judicial, garantizando la integridad, idoneidad y formación jurídica de los jueces.
• La reforma constitucional del 15 de septiembre busca democratizar el Poder Judicial y restaurar la confianza ciudadana, abriendo las puertas de la justicia a todas las voces.
• Arturo Zaldívar asume la responsabilidad de la encomienda con el compromiso de consolidar una justicia humana, cercana y sin privilegios para el pueblo de México.

Conclusión:

El texto de Arturo Zaldívar presenta una defensa enérgica de la reforma judicial, enfatizando su rigor y su objetivo de democratizar el Poder Judicial en México. Se busca contrarrestar las críticas negativas, presentando un proceso de selección transparente y basado en el mérito, que busca fortalecer la confianza pública en el sistema judicial.