Este texto, escrito por Alicia Salgado el 5 de noviembre de 2024, analiza la crisis constitucional generada por la reforma al Poder Judicial en México, centrándose en las implicaciones económicas y políticas de la elección de jueces y magistrados por voto popular. El artículo explora las posturas de diferentes actores políticos y la búsqueda de una solución negociada.
Resumen:
La reforma al Poder Judicial, específicamente la elección de jueces y magistrados por voto directo, genera gran incertidumbre entre los agentes económicos, especialmente en el sector bancario, que tiene más de 53,000 casos en proceso. Julio Carranza, presidente de los banqueros, expresa su preocupación por el posible estancamiento del sistema judicial.
Ocho ministros de la SCJN, incluyendo al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, han mostrado oposición a la reforma. La aprobación de un proyecto de sentencia que invalide la reforma podría desencadenar una crisis constitucional.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la reforma, mientras que el Legislativo la ha impulsado con tres reformas a la Carta Magna.
El senador Adán Augusto López ha sido el único en mantener una negociación abierta con los ministros, buscando una solución que preserve sus derechos y permita transitar acuerdos.
El costo de la elección extraordinaria se estima en 15 mil millones de pesos, según el INE, mucho más alto que las estimaciones iniciales de Ricardo Monreal.
La solución propuesta pasa por una negociación política que permita mantener los aspectos centrales de la reforma, como la obligación de emitir sentencia en un año y la limitación del "incidentalismo". Se destaca la capacidad de los legisladores de la 4T para resolver la supremacía constitucional en 36 horas.
Se menciona la regulación emitida por la CNBV, presidida por Jesús de la Fuente, que permite aplicar criterios contables especiales para la contratación de créditos por micro, pequeñas y medianas empresas (Pymes), con un programa piloto que otorgó más de 11 mmdp.
La posibilidad de que uno de los ocho ministros, como Pardo Rebolledo o Pérez Dayán, vote por la improcedencia de la propuesta, junto con Batres, Esquivel y Ortiz, podría evitar la discusión del fondo y resolver la crisis sin necesidad de una negociación política. Sin embargo, la situación ha llegado a un punto donde la negociación política se hace necesaria.
Conclusión:
El texto de Alicia Salgado presenta un panorama complejo de la reforma al Poder Judicial en México, destacando el conflicto entre la necesidad de una reforma y las consecuencias económicas y políticas de su implementación. La solución parece residir en una negociación política que equilibre la necesidad de modernizar el sistema judicial con la estabilidad del mismo. La incertidumbre persiste, y el desenlace dependerá de las decisiones de los ministros de la SCJN y la capacidad de negociación de los actores políticos involucrados.
