Rank Columnas | Mail o Telegram

Este texto de Carlos A. Pérez Ricart, publicado el 21 de noviembre de 2024, analiza una reforma constitucional en México que busca modificar el rol de la policía en la investigación criminal. El autor argumenta que la actual estructura, donde el Ministerio Público es el único actor en la investigación, es ineficiente e insostenible. La reforma propuesta busca cambiar esta dinámica, empoderando a las fuerzas policiales para investigar delitos.

Resumen:

• La policía en México históricamente ha estado subordinada al Ministerio Público, limitando su capacidad de investigación a la detención en flagrancia o con orden judicial.
• Reformas previas en 2014 y 2019 otorgaron a las policías la facultad de investigar, pero no se reflejaron en la Constitución.
• Una reforma constitucional al artículo 21, aprobada por el Senado y próxima a ser votada por la Cámara de Diputados, incluye a la "secretaría del ramo de seguridad pública del Ejecutivo Federal" como instancia investigadora.

• Publicidad
• La reforma permitirá a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), replicar el modelo exitoso implementado en la Ciudad de México (CDMX), donde se creó una subsecretaría dedicada a la investigación criminal.
• La reforma indica que la SSPC formulará, coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, reforzando el liderazgo civil en materia de seguridad.
• El consenso político en torno a la reforma, incluyendo el apoyo implícito de Alejandro Gertz Manero, fiscal general, es un factor positivo.
• La reforma busca replicar el modelo de investigación policial exitoso de la CDMX a nivel nacional, mejorando la eficiencia de las más de dos mil fuerzas de seguridad del país.

Conclusión:

El texto de Carlos A. Pérez Ricart presenta una visión optimista sobre la reforma constitucional en México, destacando su potencial para mejorar la eficiencia de la investigación criminal y reducir la dependencia del Ministerio Público. El éxito de la reforma dependerá de su implementación efectiva a nivel nacional, pero la aprobación unánime en el Senado y el apoyo de figuras clave como Omar García Harfuch y Alejandro Gertz Manero auguran un cambio significativo en el panorama de la seguridad pública mexicana.