¿Y las víctimas?

Este texto de Sergio Aguayo, escrito el 20 de noviembre de 2024, analiza la situación de los derechos humanos y la atención a víctimas en México, criticando la ineficacia de ciertas instituciones federales y destacando el buen trabajo de algunas estatales. El autor contrasta la falta de apoyo a organismos como la CNDH con el éxito de iniciativas en entidades como Coahuila y Ciudad de México.

Resumen:

• Se implementa una nueva estrategia federal de seguridad, pero la CNDH enfrenta cinco años más de irrelevancia.
• La situación para las víctimas de la inseguridad empeorará con el aumento de la violencia, la deportación de mexicanos por parte del gobierno de Donald Trump, y las deficiencias en el sistema de salud.

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• Organismos como la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) sufren de falta de recursos y desmantelamiento. La CEAV, por ejemplo, recibió 743 millones de pesos en 2019 y 1,012 millones en 2024, a pesar del aumento de homicidios y desapariciones. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, aunque con un aumento de presupuesto (de 20 a 51 millones de pesos), aún carece de recursos suficientes.
• Algunas comisiones estatales de derechos humanos funcionan eficazmente, como las de Ciudad de México y Coahuila. Nashieli Ramírez Hernández, titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), fue nombrada presidenta de la CNDH. Coahuila, por su parte, destaca por su Centro Regional de Identificación Humana, un referente en búsqueda forense.
• A pesar de la atomización de las víctimas, algunas organizaciones están bien estructuradas. El autor menciona ejemplos de lucha social como la de Rosario Ibarra de Piedra, Alejandro Martí y Javier Sicilia, y las madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa.
• Se destaca la necesidad de incidir en la selección y gestión de los organismos públicos estatales, especialmente en la CDMX, donde el mandato de Nashieli Ramírez termina en noviembre de 2025.

Conclusión:

El texto de Sergio Aguayo concluye que las víctimas solo tendrán la prioridad que merecen cuando se conviertan en los protagonistas de su propia historia, organizándose y presionando por cambios en las políticas públicas y en la asignación de recursos a los organismos encargados de proteger sus derechos. La colaboración entre la sociedad civil y las instituciones estatales eficientes es crucial para lograr este objetivo.