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Este texto analiza críticamente la aprobación en la Cámara de Diputados de una reforma que establece la prisión preventiva sin justificación, considerando sus implicaciones en el sistema judicial mexicano y su contradicción con los derechos humanos. El autor argumenta que esta reforma, junto con otras iniciativas del oficialismo, busca debilitar el control de convencionalidad y someter al poder judicial a la voluntad del gobierno.

Resumen

• La reforma de "supremacía constitucional" intentó prohibir la inaplicación de normas vía justicia convencional, pero se retiró ante la indignación de la sociedad civil.
• La llamada "reforma judicial", con su tribunal disciplinario, inhibe el control de convencionalidad, impidiendo que los jueces se opongan a la voluntad del gobierno.
• La reforma de prisión preventiva oficiosa busca que los jueces apliquen la ley "literalmente", incluso si viola obligaciones convencionales del Estado mexicano, ignorando precedentes como los de Rabasa.
• El oficialismo ignora las críticas de la Corte Interamericana, la Corte Suprema de México, Rabasa, Sergio García Ramírez, y Roberto Gargarella, priorizando la represión sobre el debido proceso.
• La reforma contradice el principio de presunción de inocencia y no resolverá problemas como el contrabando, la extorsión o el trasiego de fentanilo.
• La diputada Margarita Zavala denunció el dilema entre ser o no ser represor, y el oficialismo optó por la represión.
• El autor critica la falta de atención a voces como la de la jueza Juana Fuentes y la indiferencia ante las críticas del comisionado interamericano de Derechos Humanos, Carlos Bernal Pulido.
• Se critica la incoherencia de prepenalizar la simulación de actos jurídicos mientras el INE y el Tribunal Electoral simulan una votación para obtener una mayoría espuria.
• Se propone incluir en la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa el crimen de los "factureros de curules".
• Se exhorta a los legisladores a leer a Shakespeare, Rabasa y a considerar las admoniciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Conclusión

El autor concluye que las reformas impulsadas por el oficialismo buscan silenciar a la oposición, reprimir a los disidentes y controlar el poder judicial, en detrimento del estado de derecho y los derechos humanos. Se hace un llamado a la reflexión y a la consideración de las consecuencias de estas acciones para la democracia mexicana.