La muerte de la presunción de inocencia

El texto de Lorena Piñón Rivera, publicado el 17 de noviembre de 2024 en El Heraldo de México, analiza la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a México por la prisión preventiva oficiosa, establecida en el artículo 19 constitucional mexicano. El artículo argumenta que esta medida viola derechos humanos fundamentales y contradice los principios de un Estado democrático de derecho.

Resumen:

• La prisión preventiva oficiosa, al encarcelar a personas sin sentencia, viola el principio de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 20 constitucional y tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
• La medida contradice el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe detenciones arbitrarias, y el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que limita el uso de la prisión preventiva.

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• La prisión preventiva oficiosa también infringe el derecho a la libertad personal, al debido proceso, a la igualdad ante la ley y al principio de proporcionalidad, al negar una evaluación individualizada de cada caso.
• La decisión de la bancada mayoritaria de Morena de ampliar el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa es considerada un grave retroceso, que ignora la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
• Esta decisión profundiza la crisis del sistema penal mexicano, alejándolo de los estándares internacionales de justicia y demostrando ser ineficaz para combatir la delincuencia.
• La autora considera la situación como una "muerte de la presunción de inocencia", representando la eliminación de un derecho fundamental.

Conclusión:

El artículo de Lorena Piñón Rivera critica fuertemente la prisión preventiva oficiosa en México, argumentando que su mantenimiento y expansión representan una grave violación a los derechos humanos y un retroceso en el sistema judicial mexicano. La autora enfatiza la necesidad de que México cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y reforme su legislación para ajustarse a los estándares internacionales.