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Este texto, escrito por Guillermo Raúl Zepeda Lecuona el 13 de noviembre de 2024, critica la segunda reforma constitucional de la Cuarta Transformación en México, que amplía la prisión preventiva oficiosa. El autor argumenta que esta medida es injusta, ineficaz y contraproducente, y que representa un ejemplo de populismo penal.

Resumen:

• La reforma constitucional amplía la prisión preventiva oficiosa a delitos como extorsión, narcomenudeo y delitos relacionados con drogas sintéticas, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la ha declarado inconvencional.
• La medida es injusta porque se aplica a personas que cometen delitos menores, como se evidenció con la reforma de 2019, que incrementó en 20 mil el número de personas en prisión preventiva. Muchos de estos casos involucran posesión de armas para defensa personal o caza, no acopio o tráfico de armas.
• Similarmente, la aplicación de la prisión preventiva en casos de delitos relacionados con hidrocarburos ha llevado a encarcelar a despachadores por surtir litros incompletos, en lugar de combatir el huachicoleo. Se espera un efecto similar con el narcomenudeo.
• La medida es ineficaz, ya que el incremento en el número de personas en prisión preventiva (de 75,000 a 85,000) no ha reducido la incidencia delictiva ni la percepción de inseguridad.
• La prisión preventiva es contraproducente porque incrementa el costo para el erario público (500 pesos diarios por interno), desviando recursos de la prevención del delito, la investigación criminal y la mejora del sistema judicial.
• El autor argumenta que la reforma es un ejemplo de populismo penal, ya que se enfoca en medidas fáciles de implementar en lugar de abordar las causas profundas del crimen, como la desigualdad social y la impunidad.

Conclusión:

Guillermo Raúl Zepeda Lecuona concluye que la reforma constitucional que amplía la prisión preventiva oficiosa es una medida injusta, ineficaz y contraproducente que no aborda las causas reales del crimen en México. Representa una opción políticamente conveniente pero costosa en términos económicos y de legitimidad, priorizando la apariencia de acción sobre la solución efectiva de los problemas de seguridad.