Protección Civil en la 4T: entre crisis, omisiones y propaganda

El texto de Carolina Viggiano, Secretaria General del PRI y Senadora, publicado el 11 de Noviembre de 2025, analiza el estado actual de la protección civil en México, criticando la gestión del gobierno actual y sus prioridades en materia de prevención y respuesta ante desastres.

La gestión actual de la protección civil en México ha resultado en 354 muertes debido a omisiones en la prevención y respuesta ante desastres naturales e industriales.

📝 Puntos clave

• La cultura de protección civil en México surgió a partir de los sismos de 1985 en la Ciudad de México.
• En 2019, el presidente López Obrador degradó la Subsecretaría de Protección Civil a una Coordinación Nacional (CNPC).

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• Laura Velázquez Alzúa, designada titular de la CNPC, carece de experiencia en la materia.
• La gestión actual se centra en la entrega de apoyos, descuidando la prevención y la reconstrucción.
• La SEDENA y la SEMAR son las únicas instancias que actúan eficazmente ante emergencias.
• El presupuesto asignado a la CNPC en el PEF 2026 es de apenas 176 millones de pesos, en comparación con los 827 millones destinados al Tren Maya.
• Se requiere una política de Estado con jerarquía institucional, coordinación efectiva y capacidades técnicas para anticipar y prevenir desastres.
• Es fundamental contar con titulares con liderazgo técnico, presupuesto suficiente y un Atlas de Riesgo fortalecido.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es el aspecto más negativo que se desprende del texto?

La falta de prioridad y la consecuente ineficacia en la gestión de la protección civil por parte del gobierno actual, evidenciada por la reducción de su jerarquía institucional, la designación de personal sin experiencia, la insuficiencia presupuestaria y el enfoque en la respuesta en lugar de la prevención, lo que ha contribuido a un aumento en el número de muertes en desastres.

¿Qué propuesta positiva se plantea en el texto para mejorar la situación?

La necesidad de elevar la protección civil a una política de Estado, devolviéndole su jerarquía institucional, asegurando una coordinación efectiva entre los niveles de gobierno, fortaleciendo las capacidades técnicas para la prevención y la alerta temprana, asignando un presupuesto adecuado y garantizando la difusión y el uso del Atlas de Riesgo en las comunidades.