Este texto describe la iniciativa legislativa en Tamaulipas para reformar la Constitución Política del Estado y elegir a los miembros del Poder Judicial mediante voto popular, impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, en cumplimiento del Artículo Octavo Transitorio del decreto publicado el 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación.
Resumen:
La iniciativa, recibida por la presidenta de la Mesa Directiva, Magaly Deándar Robinson, el 7 de septiembre, busca reformar los artículos 20, 30, 58, 79, 91, 100, 104, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 114, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 151, 152 y 154 de la Constitución Política del Estado, y adicionar el artículo 109 Bis.
Fue aprobada con 24 votos a favor de Morena, PT y PVEM, y rechazada por 8 votos de PAN, PRI y MC.
La iniciativa establece la elección popular de todas las magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial, y de jueces y juezas de Primera Instancia y Juzgados Menores el primer domingo de junio de 2025.
El proceso electoral, organizado por el Instituto Electoral de Tamaulipas, iniciará con la entrada en vigor de la reforma constitucional. El Tribunal Electoral local resolverá las impugnaciones.
Las campañas durarán 60 días, sin precampañas ni financiamiento público, y con prohibición de apoyo a candidaturas por parte del funcionariado.
Se mantienen la carrera judicial y la elección estatal de magistraturas, con los 15 Distritos Judiciales como base para la elección de jueces y juezas.
Las boletas electorales incluirán los nombres de los candidatos en orden alfabético y el cargo al que aspiran.
La iniciativa fue revisada por las Comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos Primera y de Justicia, presididas por Eliphaleth Gómez Lozano, Claudio de Leija Hinojosa e Isidro Vargas Fernández, respectivamente.
Conclusión:
El texto detalla el proceso de reforma constitucional en Tamaulipas para democratizar la elección de los miembros del Poder Judicial, estableciendo un proceso electoral específico con reglas claras y plazos definidos, a cargo del Instituto Electoral de Tamaulipas y el Tribunal Electoral local. Se destaca la ausencia de financiamiento público y la prohibición de participación del funcionariado en las campañas.
