Sobre la irretroactividad de las leyes, la función legislativa y la Ley de Amparo

El texto de Fabiola Martínez Ramírez, Directora del Departamento Regional de Derecho, Región CDMX, TEC de Monterrey, publicado el 9 de Octubre de 2025, analiza la irretroactividad de las leyes y su importancia para la certeza jurídica, especialmente en el contexto de la reforma a la Ley de Amparo. Se destaca la necesidad de un análisis integral de la reforma, más allá de la discusión aislada sobre la retroactividad.

La reforma a la Ley de Amparo incluye un artículo transitorio que controvierte la idea de irretroactividad, generando preocupación por el acceso a la justicia.

📝 Puntos clave

• La irretroactividad de las leyes es fundamental para la certeza jurídica y la estabilidad de los actos regulados por la ley.
• Los legisladores deben respetar la Constitución y sus principios, actuando como custodios de los ideales plasmados por el poder constituyente.

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• La retroactividad de una ley solo es aceptable si beneficia y no perjudica derechos ya constituidos.
• La reforma a la Ley de Amparo introduce restricciones al acceso a la justicia, especialmente para personas en condiciones de vulnerabilidad.
• La reforma impone obstáculos normativos en el tema del interés legítimo, limitando la tramitación de litigios estratégicos en temas ambientales.
• Es crucial analizar la reforma a la Ley de Amparo de manera integral, considerando su impacto en el ejercicio de los derechos.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es el principal aspecto negativo que se critica en el texto sobre la reforma a la Ley de Amparo?

La principal crítica se centra en las restricciones que la reforma impone al acceso a la justicia, especialmente para grupos vulnerables, y cómo limita la tramitación de litigios estratégicos en temas ambientales al imponer obstáculos normativos en el tema del interés legítimo.

¿Cuál es el aspecto positivo que se menciona, aunque sea de forma breve, sobre la reforma a la Ley de Amparo?

Se reconoce que la reforma tiene un buen propósito al buscar ensanchar el acceso a la justicia y transitar a la tramitación electrónica, acorde a los nuevos tiempos y al orden judicial establecido a partir de la enmienda constitucional.