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El texto de Carlos Fernández-Vega del 8 de octubre de 2024 critica la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación con la reforma al Poder Judicial. El autor acusa a la Corte de actuar en contra de la ley y de los intereses nacionales, y de ser un instrumento del golpismo de la derecha.

Resumen

• La SCJN, a través de una mayoría de seis votos contra cinco, ha admitido tres nuevas consultas para analizar las impugnaciones contra la reforma al Poder Judicial.
• La Corte ha rechazado proyectos que proponían que no se puedan otorgar medidas cautelares en las consultas previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
• El ministro Luis María Aguilar Morales ha defendido la posibilidad de que la Corte emita suspensiones contra la reforma constitucional, argumentando que la legislación orgánica no lo prohíbe expresamente.

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• La presidenta Sheinbaum ha advertido que si la Corte no envía las vacantes necesarias para la convocatoria de elección de jueces, magistrados y ministros, el Senado de la República utilizará la información disponible públicamente para realizar la convocatoria.
• La reforma al Poder Judicial ya fue aprobada y entrará en vigor en unos días.
• La Secretaría de Gobernación, a través de Rosa Icela Rodríguez, ha entregado al Legislativo dos iniciativas de ley para detallar la reforma constitucional.
• La elección de jueces, magistrados y ministros, con carácter federal, está programada para el 1 de junio de 2025, por mayoría y voto directo de la ciudadanía.
• La titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy, ha explicado que las reformas tienen como objetivo garantizar los principios rectores en cada etapa del proceso electoral para los cargos de elección del Poder Judicial.

Conclusión

El texto de Carlos Fernández-Vega denuncia la actuación de la SCJN como un obstáculo a la reforma al Poder Judicial y la considera un instrumento del golpismo de la derecha. El autor destaca la importancia de la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular y la necesidad de garantizar la legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad y transparencia en el proceso electoral.